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  • #13167

    Abrimos un nuevo hilo o debate a la sociedad, denominado “Nuevo Código procesal Civil y Comercial de la Nación”.

    La responsable de este debate es Agustina Díaz Cordero, quien tiene una amplia experiencia en la Justicia Nacional, mas de 23 años. Actualmente esta a cargo del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado, del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION.

    Esta iniciativa tiene por finalidad la redacción de un Anteproyecto de Ley para la creación de un nuevo sistema Procesal Civil y Comercial Nacional.

    El Ministerio ha convocado a una Comisión de expertos, quienes luego de 8 meses de trabajo, reuniones, debates, han redactado un documento de bases procesales fundamentales para la redacción del Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que será publicado brevemente.

    Se siguieron objetivos claro que busquen brindar un buen servicio de justicia a la ciudadanía, buscando reducir la demora en los procesos, la inmediación, la simplificación de las estructuras procesales, asegurar el debido proceso, la eficacia en la ejecución de las sentencias, la publicidad y transparencia. Se busca además, asegurar la independencia judicial, la reducción de costos, y fomentar el acceso a la Justicia. Por último, se estudia la implementación e incorporación de nuevas tecnologías.

    Los invitamos a participar, a que nos den su opinión relacionado con esta nueva iniciativa del Ministerio. Gracias

    • Este debate fue modificado hace 2 años, 4 meses por  Hernan Calvo.
    #13437

    Hola a todos, mi nombre es Natacha y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las dificultades actuales de nuestro proceso civil y comercial ordinario y sumario y la posibilidad de oralizarlo.

    La oralidad de los procesos civiles y comerciales obliga a replantearse completamente la dinámica del proceso.

    Actualmente la prueba documental tiene un papel estelar, ello encuentra lógica en el carácter escrito del trámite. otros medios probatorios como la prueba testimonial son llevados a cabo bajo reglas que conspiran contra la búsqueda de la verdad material. La forma en la que se conducen los interrogatorios, donde los testigos están de espaldas al tribunal y las preguntas se formulan en base a los pliegos que presentan los abogados, quienes no pueden ni siquiera mirar de frente al testigo o interrogarlo directamente, además de negarle inmediatez al proceso permite y facilita que este pueda mentir. Los interrogatorios cruzados no pueden contener preguntas indicativas, permitiendo a los testigos hostiles o propuestos por la contraparte que se explayen a sus anchas a riesgo de contestar cualquier cosa menos la pregunta que se les formuló.

    Los peritos son designados de oficio y de una lista que provee el Poder Judicial. Muchas veces carecen de las calificaciones técnicas necesarias para emitir el dictamen experto.

    Las reglas para pedir documentos en poder de la otra parte son limitadas y no permiten descubrir documentos de cuya existencia solo la otra parte conoce y nunca mostraría por ser contrarios a su interés en el litigio.

    La prueba informativa en general es utilizada por las partes para dilatar el procedimiento y se hace abuso de ella siendo que casi siempre puede prescindirse de ella.

    Ello sumado a que la discusión sobre el caso se cierra en una etapa muy temprana del proceso con el intercambio de los escritos de demanda, contestación, reconvención y respuesta a la reconvención.

    No se prevén reglas para procesos multiparte.

    Algunas sugerencias que se me ocurren para la oralidad son:

    Realización de una audiencia preliminar para organizar la presentación de la prueba.

    Permitir un periodo de descubrimiento de pruebas preparatorio de una gran audiencia en el que las partes presenten los documentos de los que quieran valerse y soliciten los que puedan estar en poder de la otra parte.

    Prever reglas que permitan mayor flexibilidad para pedir y descubrir documentos en poder de la otra parte.

    Los documentos presentados deberían ser ordenados y marcados en orden numérico con indicación que la parte que lo presentó

    Durante el periodo de descubrimiento permitir a los abogados interrogar a los testigos de la otra parte con el propósito de conocer la versión de los hechos. Estos interrogatorios deberían ser tomados en los estudios de los abogados en presencia de ambas partes y las declaraciones registradas por medios audiovisuales. El contenido de estas declaraciones no debería tener valor probatorio sino de una pesquisa para determinar que es lo que el testigo tiene para decir y preparar el interrogatorio de la gran audiencia.

    Además de la posibilidad de nombrar peritos de oficios, dar a las partes la posibilidad de presentar sus propios expertos.

    Prever la realización de una gran audiencia donde las partes presenten ante el tribunal a los testigos y a los expertos.

    Cambiar las reglas para interrogar testigos de hecho y expertos, previendo interrogatorios directos y cruzados.

    Posibilidad de realizar presentaciones posteriores a la demanda, contestación y reconvención para alegar sobre el caso antes de la gran audiencia en las que se podrían adjuntar declaraciones escritas de los testigos y/o expertos que carecerán de valor probatorio a menos que el testigo o el experto se presente a declarar a la gran audiencia y sea interrogado por ambas partes.

    Los alegatos podrían hacerse durante la audiencia o por escrito.

    Las audiencias deberían registrarse por medios audiovisuales y taquigráficos conservando una transcripción de la misma.

    Estas son algunas ideas generales, me encantaría saber que piensan al respecto.

    #13515

    Gracias Irina Natacha por tus valiosos aportes! ciertamente serán muy enriquecedores para considerar en el proyecto en el que estamos trabajando.

    #13516

    Estimados; pongo a su consideración el “Documento de Bases” sobre el que hemos venido trabajando desde el mes de agosto de 2016. Seguramente será un disparador de sugerencias, y debates. Saludos

    #13518

    Les comparto para su conocimiento en la Carta Compromiso Federal en donde las provincias firmantes se comprometen a acompañar e impulsar proyectos de reforma procesal civil. El mismo fue firmado en la COFEJUS (Consejo Federal de Justicia)  el pasado 20 de marzo de 2017 en la provincia de Tierra del Fuego.

    Archivos adjuntos:
    1. COFEJUS.convenio.pdf
    #13543

    En cuanto a las bases me parece un documento profundo. Aunque me pareció ver algunas contradicciones. Por ejemplo se dice que iniciado el proceso el Juez tomará un rol activo adoptado las medidas necesarias para que no se paralice. Pero sin embargo se conserva el principio de preclusión que se dice que bajo su imperio, los plazos fenecen por el mero transcurso del tiempo sin que sea menester declaración judicial ni petición de parte, cesando automáticamente la posibilidad de ejercer la facultad procesal no utilizada en tiempo, así como de asumir posturas contradictorias. Me pregunto si así formulado el principio conspira contra la búsqueda de la verdad material. Reconozco que deben existir plazos para realizar ciertos actos procesales pero tal vez en materia de prueba deba repensarse el principio porque no parece razonable no admitir una prueba que esclarecer la cuestión solo porque un plazo feneció. Este es uno de los mayores problemas de nuestro procedimiento actual, según mi parecer.

    Por otra parte, lei que la discusión sobre el caso se cerraría y las pruebas deberían crecerse en una etapa muy temprana del procedimiento es decir con el intercambio de escritos iniciales tales como el de demanda, contestación y reconvención. siendo así no veo la utilidad de realizar una audiencia preliminar. Y creo que este esquema es idéntico al de nuestro proceso actual que claramente no ayuda a encontrar la verdad de lo sucedido.

    Perdón que sea tan entusiasta sobre este tema pero sucede que es el tema que elegí para mi tesis de doctorado el que aun me encuentro cursando en una etapa bastante inicial. Seguiré leyendo y comentando si es que les parece útil que lo haga. Saludos

    #13715

    Me parece un documento muy completo y en general desarrolla y abarca todos los aspectos que merecen ser reformados para obtener una mejoría en el proceso civil y con. Me permito sugerir, para La Audiencia Preliminar se tengan en cuenta modelos como el de AP de La Pampa o el AP de Entre Rios (arts. 346 y 347) . Soy de esta última provincia y desde 2008 venimos aplicando el instituto de la AP con resultados muy positivos, tasas de conciliación importantes y saneamiento general de la prueba que debe producirse. Asimismo, la reforma debe contemplar que las reglas de ofrecimiento, producción y gestión de la prueba esté adaptada al sistema del proceso por audiencias y no como sucede en mucho de nuestros códigos, en que se mantiene regulada con muchísima casuística y formalismo (pliegos, forma de preguntar) más compatible con el sistema del “proceso escrito”. Y para que la nulidad de la AP (por ausencia del juez) no sea “saneable” por el consentimiento de las partes debería preverse expresamente el supuesto tanto en el capítulo del cpcc que regule a la AP como en el específico referido a las nulidades. Saludos!

    #13759

    muchas gracias por tu aporte! enriquecera el debate sin duda alguna. Saludos

    #13777

    José María Trillo
    Participante

    El Código Procesal Civil Modelo sancionado en Montevideo en el año 1988 bajo los auspicios de la  OEA está a la base del desarrollo realizado en el documento que se presenta para establecer las pautas de una reforma judicial en nuestro país, así surge tanto de su propio texto ya que lo cita como fuente inmediata, como de su contenido que sigue con bastante fidelidad aquella propuesta que pronto cumplirá 30 años de realizada.

    Ese trabajo fue fruto de varios años de debates y aportes de destacados procesalistas procedentes de varios países. La oralidad de origen anglosajona fue tenida en cuenta como un elemento a incorporar para agilizar los procesos signados por el expediente escrito en la mayor parte de los países latinoamericanos, a quienes iba dirigida la propuesta a fin de ayudarlos y realizar un aporte para mejorar su Justicia.

    Felizmente en los últimos 30 años en el mundo se han seguido produciendo cambios y transformaciones de todo tipo. La ciencia y la tecnología han modificado por completo muchas actividades. Entre ellas las tecnologías de las comunicaciones y la información, la incorporación digital e Internet, han producido un giro fenomenal en la oferta de soluciones a problemas que durante siglos atormentaron a la humanidad. Hoy son más las soluciones disponibles que las que realmente se utilizan.

    Un ejemplo es este documento que se aferra a un proyecto anacrónico para no encarar la verdadera reforma judicial que pasa volcar los procesos judiciales a la era digital utilizando en forma correcta e intensiva la enorme cantidad y calidad de tecnología disponible que podría hacer posible dotar a nuestro país de un sistema judicial eficiente, interoperable entre las distintas jurisdicciones, transparente e integrado a la evolución permanente que permita ir contando con los avances técnicos y científicos a medida que estos se van produciendo, entre otras innumerables ventajas.

    Dado que las posibilidades que ofrecen las TICs es evidente,  cabe entender que se trata de una decisión política la que lleva a reflotar un proyecto  superado,  como es el caso del  Código Modelo de 1988. Por cierto una mala decisión política,  como si alguien acudiese a la solución salomónica cuando existe el ADN.

    Si bien es cierto que en el documento se agrega, en varias ocasiones, al referirse a distintas tramitaciones que se deberá preferir la vía digital para su implementación, ello pone en evidencia una concepción también superada en el análisis del uso de la tecnología, que la define como una herramienta que ayuda a la tramitación del juicio y no como lo que debe ser : la base de un diseño estratégico del proceso fundado en un expediente digital de gestión integral que implique la transferencia del carácter de instrumento público del expediente papel al medio electrónico, tal como lo dispone, por ejemplo el art. 2 de la ley  chilena de tramitación digital no. 20.886.- Dictada a fines del año 2015 e implementada durante el año 2016 que ya rige en todo el territorio de ese país.

    El documento no recaba los numerosos aportes realizados en este Foro durante el año 2016 cuya lectura recomiendo, ni de los muy pocos presentados durante el corriente año entre los cuales se destaca  el excelente trabajo del Dr. Roberto M. Pagés : “El dilema entre la oralidad y la escritura en la hora actual: La informática judicial  como una tercera vía”

    Desanima ver que nuestra dirigencia no encuentre el camino para llevar a nuestro país hacia la modernidad y el progreso.

    José María Trillo

     

     

     

     

    #13792

    Estimada Agustina, me parece un modelo excelente, y los felicito por el arduo trabajo efectuado.

    Algunas consideraciones sobre cuestiones que creo importantes y que no tuvieron en cuenta:

    1- Ante las diferencias existentes en el criterio interpretativo sobre el Beneficio de Justicia Gratuita de la Ley de Defensa del Consumidor (art. 53 LDC), sería conveniente regular un criterio unívoco y claro en la ley ritual, de acuerdo a lo que ya ha manifestado la CSJN (es decir, que tal beneficio abarca tasa y costas del proceso, y que no resulta un bill de indemnidad porque permite a la contraparte probar la solvencia del Actor, es decir, es simplemente una inversión del onus probandi).

     

    2-  El instituto de la Reconvención prevé actualmente en el art. 318 CPCCN que si se declara la caducidad de instancia del Actor, ello lleva aparejada la caducidad del reconviniente, pero que si es al revés, la caducidad del reconviniente no arrastra al Actor. La injusticia de tal norma surge palmaria, y merece una reforma clara.

     

    Un saludo a todos, y nuevamente muchas gracias.

    #13879

    Paula Harreguy Casco
    Participante

    Buenas tardes :

    Creo que en Pcia. de Bs.As. el mayor problema surge en las notificaciones , cuando es  al domicilio real, aquí dependiendo , de cada oficina de notificaciones , suele demorarse varios meses , poder correr traslado de demanda , por lo general las informan , a las primeras cédulas , hasta que se piden cumplan con la acordada  , que existe para su diligenciamiento . Ni hablar de mandamientos de constatación… muchas veces es un trámite que se debe realizar con el oficial notificador , debiendo la parte llevarlo hasta el domicilio .

    En estos tiempos , que la mayor parte de la población está conectada , sería muy importante , contar con un registro Nacional de las personas , en linea , que con nuestro  token , podamos acceder a la información que ese registro y / o Policia Federal , poseen de cada habitante de la Nación.

    otra posibilidad , sería  se autorice nombrar Notificador  ad hoc ,a terceros , que garanticen su diligenciamiento . Por  algún medio que el Código prevea.

    He visto , como funciona en otros paises , la simple notificación , dada en mano , por escrito , y que con solo una foto del notificado , se cumple la diligencia . Aspiro a que nuestra justicia , avance en pro que las partes ( actoras – demandadas y letrados ) ; podamos ser parte más dinámicas en las causas y/O expedientes.

    Sería fundamental , realizar acuerdo con la JUSTICIA NACIONAL , Y / O FEDERAL , para que los sistemas de notificaciones de todas las jurisdicciones sea via electrónica.

    #13949

    María Jimena Cabanas
    Participante

    Buen día, estuve analizando el documento “Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial”, si bien trabajo en un Juzgado Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, creo que la reforma procesal en mi jurisdicción va en el mismo sentido que la aquí propuesta.
    Hay un aspecto que me preocupa particularmente que es que, más allá de la vía sumarísima prevista para los procesos donde se reclaman derechos amparados por la Ley de Defensa al Consumidor (como sucede en mi provincia con la Ley 13.133), no se contempla la situación en la que el consumidor es demandado o, más precisamente, ejecutado. Me explico: en nuestro juzgado aproximadamente en el 65% de los procesos ejecutivos se reclama en virtud de relaciones de consumo. Ya el tipo de proceso ejecutivo (o el monitorio previsto en la reforma) le otorga al acreedor una vía rápida y expedita para la satisfacción de su crédito, máxime teniendo en consideración que al menos en el 80% de los casos los ejecutados no se presentan a hacer valer sus derechos. El problema puede superarse cuando los títulos que se ejecutan son causales, muchos de ellos tienen regímenes jurídicos específicos que incluso contemplan los derechos del consumidor (como la Ley de Tarjetas de Crédito) por lo que los jueces pueden analizar si el negocio consumeril cumple con los recaudos exigidos por el art. 36 de la Ley 24.240 y sus modificatorias, pero no sucede lo mismo en numerísimos casos donde se ejecuta un título abstracto que oculta un negocio causal regido por la ley de defensa al consumidor.
    La jurisprudencia local ha sido prolífica en admitir cada vez más la actividad oficiosa del juez para determinar si existe o no una relación de consumo, intimar en su caso al ejecutante a acompañar los documentos que acrediten el negocio causal (creándose así un título integrado sui generis) y analizar si se encuentran cumplidos los recaudos legales aludidos,- no obstante la ausencia del ejecutado ya que la aplicación de la Ley de Defensa al Consumir es obligatoria y oficiosa para los jueces y los derechos allí reconocidos a favor de los consumidores, son irrenunciables- habiéndose decretado la nulidad del título ejecutivo en múltiples casos. Pero la actitud de ciertos jueces no basta y entiendo que los acreedores mencionados en el art. 2 de la Ley 24.240 no podrían acudir a la vía ejecutiva o al proceso monitorio para ejecutar títulos originados en relaciones de consumo o, de permitírselos, debieran exigirse ciertos recaudos para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de consumidores y usuarios.

    #13950

    MAXIMILIANO PEJKOVICH
    Participante

    Me permito introducir en este tema algunas cuestiones prácticas que aprendí cuando me formé como abogado en España, ya hace mucho tiempo.

    Cuando vine a ejercer a la Argenina, me encontré con que el abogado debe cargar con la responsabilidad del proceso (impulso de parte).  Pero no solo eso, sino también debe escribir y redactar los documentos judiciales que, por ejemplo, en España, incumben al Secretario Judicial: Oficios, Mandamientos, Exhortos, Cédulas, etc. Me pareció hace 20 años ridículo que un abogado debiera escribir lo que debe escribir el funcionario judicial. Entonces, acá, el abogado escribe el oficio, mandamiento, etc. (que debiera escribir el funcionario) para que, después, un empleado “confronte” si está bien o no. Si “está bien”, se firmará. De lo coontrario “se observará”. Esto significa que el abogado deberá escribir la resolución o el documento que sea de la forma en la cual el funcionario judicial finalmente lo firme. Me pareció y sigue pareciendo patológico. Es como si yo encargara a alguien escribir una carta a otra persona y la firme si me gusta. Las resolucion debe dictarla y escribirla el Juzgado o Tribunal en todos los casos.

    Desde la imposición de la Acordada 3/2015 CSJN (inaceptable desde cualquier punto de vista técnico-jurídico) la carga del abogado es superlativa. Es decir, estando completamente de acuerdo en la implementación del expediente digital, siento que los profesionales del Derecho no están preparados para las consecuencias de su mal uso. En poco tiempo aparecerán las demandas por mala praxis jurídica contra abogados que hayan perdido juicios poor no subir escritos a la web en forma conveniente. Este sistema debiera ser mucho más benévolo en sus inicios hasta complejizarse cuando los profesionales y operadores del Derecho estén en línea de los avances informáticos, redes digitales poderosas, sistemas informáticos a prueba de errores, hackeos, etc.. Las mesas de entrada de los Juzgados ya no son un cúmulo de profesionales visitándolas. No hay razón para que el abogado haga los escritos del poder judicial;  esto es anacrónico y vergonzante para la tarea profesional del letrado. Y habla muy mal de la calidad de la gestión de la Justicia.

    Por otro lado, debe eliminarse la notificación automática. Toda notificación debiera redactarla el Juez o el Secretario y notificarse de oficio a las Partes. Más hoy por sistema electrónico. Deben, en consecuencia, eliminarse los días de Nota. Todos los días judiciales deben ser hábiles y las notificaciones debidamente confeccionadas, redactadas y enviadas a las Partes por el Secretario Judicial.

    Capítulo aparte merece el lenguaje forense. Las resoluciones judiciales argentinas se caracterizan por el uso del imperativo “Estése a Fjs, 23”; “Téngase presente para su oportunidad”; “Aclárese”. Esto no es normal, respetuoso ni lógico. Cada Providencia, auto o sentencia debiera tener una introducción y una explicación de lo que está proveyendo.

    No puede dictarse una resolución que se refiera a una “foja” (lenguaje arcaico y trasnochado que no guarda relación con el avance d ela informática judicial).

    En fin, un gusto saludarlos y ofrecer mi pequeño granito de arena para que el sistema de administración de justicia sea más eficiente, diligente y responsable.

    Saludos, Maximiliano Péjkovich

     

     

     

    #13999

    José María Trillo
    Participante

    Muy acertado su comentario, Dr. Péjkovich,  que aporta argumentos que hacen evidente la necesidad de introducir una reforma sustancial en los procedimientos civiles de nuestro País. El desarrollo  del expediente electrónico de gestión integral soluciona los males que Ud. describe. Por ello es necesario que se comience su desarrollo lo antes posible, teniendo en cuenta que debe ser una tarea que incumbe a los tres poderes del Estado.

    Es cierto que el paralelismo es un vicio del que la Acordada 3/15 no se priva. La gestión digital debe reemplazar al expediente papel. La duplicación es agregar tareas – todo lo contrario de lo que debe buscarse – y  lo hace como carga de los abogados, lo cual prueba lo correcto de su crítica.

    Pero encarar la aplicación del Código Modelo de 1988, tal como propone el Ministerio de Justicia, es no tener en cuenta los aportes que la tecnología nos ha dado desde entonces, que permiten implementar no sólo una verdadera solución para la colapsada Justicia argentina, sino, también y fundamentalmente,  insertar a los Poderes Judiciales en la era digital permitiendo así ir incorporando los sucesivos avances que se irán produciendo,  lo mismo se debiera hacer en toda la administración del Estado.

    Esto se ha debatido in extenso el año pasado en este Foro. La conclusión es que nada ha cambiado en quienes deben generar las soluciones. Solo seguir predicando una oralidad anacrónica y superada por los medios que las nuevas tecnologías nos proporcionan parece ser su único objetivo.

    Atte

    José María Trillo

     

    #14031

    MAXIMILIANO PEJKOVICH
    Participante

    Tuve oportunidad de leer las bases y me resulta apasionante leer su contenido. Se nota la influencia de la Ley de Enjuciamiento Civil española. Hemos perdido mucho tiempo en Argentina para reformar un proceso tortuoso, trabado, lleno de interpretaciones insustanciales, en donde el Juez o Tribunal aplican “su propio proceso”.

    La eliminación del principio de impulsión de parte saneará y transparentará las funciones, dandole al órgano jurisdiccional la jerarquía que debe tener.

    Propongo que las resoluciones judiciales se llamen simplemente y sin otra denominación: providencias (DE MERA TRAMITACIÓN), autos (fundados en considerandos) y sentencias (con un modelo claro de redacción).

    Que los Oficios, Mandamientos, etc. sean redactados por el órgano jurisdiccional.

    Que el Secretario Judicial se supedite a guardar la Fé Pública Judicial y a velar por la observancia del proceso.

    Es importante que exista un manual de práctica forense judicial. Debe eliminarse toda forma imperativa de resoluciones judiciales.

     

    El abogado debería pasarse a llamar abogado o letrado. El tratamiento de doctor amerita la posesión de un doctorado en Derecho.

    Todas las resoluciones judiciales deberán mencionar el antecedente que las pide, en forma expresa (nunca más deberán decir “estése a fojas X”).

    La oralidad permitirá que el ejercicio profesional adquiera mayor decoro y el abogado y el juez gozarán de mayir respeto del justiciable.

     

    Eliminación del lenguaje ininteligible por no sencillo y entendible.

     

    En la parte del sistema informático, debe el Juzgado y Tribunal rotular cada escrito identificando la parte (Ej.: Parte Actora interpone recurso de reposición y de apelación en subsidio) DADO QUE HOY ESTA INFORMATIZACIÓN EMPIEZA A SER CONFUSA, AL NO PODERSE IDENTIFICAR QUÉ SE PIDE.

     

    Felicitaciones a las nuevas autoridades encargadas de este importantísimo proyecto.

     

    Maximiliano Péjkovich

     

     

     

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El debate ‘Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ está cerrado y no admite más respuestas.