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    Aportes
  • #14074

    Hola, quisiera aportar un artículo escrito en coautoría sobre la vinculación de la sentencia razonablemente fundada (art. 3 del Código Civil y Comercial) con los hechos del proceso. En especial, por la mención que se hace en las Bases sobre la cuestión de la prueba relevante y el análisis conjunto de la prueba, aspectos que están analizados en el estudio adjunto.

    #14113

    Estimados, agradecemos sus aportes, consideraciones e inquietudes que enriquecen el desarrollo de este trabajo. Éstos serán recopilados y retransmitidos a los miembros de la Comisión. Saludos.

    #14179

    Estimados miembros del equipo de reforma.
    De acuerdo con el espíritu de la reforma, apoyo desde el primer momento los avances proyectados en las bases. Importantes han sido los antecedentes del Código Modelo Uruguayo, la Ley de de Enjuiciamiento Civil Española,ls reformas en demás países latinoamericanos de raíces comunes, con el juez pro activo, “dirigenciador del proceso”, activista, en la búsqueda de un servicio de justicia eficiente.
    Hoy con los avances tecnológicos que brinda la globalización es inconcebible que el poder judicial delegue en los operadores y/o auxiliares la redacción de oficios, exhortos, cédulas, mandamientos, para que sean puestos a la firma y corrección de jueces y secretarios. Esto debe ser impreso eficazmente aplicando la tecnología, sin necesidad de perder tiempos.
    Que el juez debe cumplimentar el principio de inmediación, velando por la contradicción y debido proceso en las audiencias es una verdad tan incuestionable, como su deber de dictar sentencia pronta y “fundada”.
    Todo tipo de tecnología que permita cotejar lo que ocurre en la audiencia derivará en mejorar la percepción de la sociedad en el servicio de justicia, al transparentarse la presencia, actuación y contenido, quitándole el oscurantismo del acta a puertas cerradas, cuya crítica constante perjudica por igual a magistrados, funcionarios, letrados y auxiliares.
    Muy interesante el aporte de un comentario respecto a que el abogado debe llamarse abogado o letrado, sin el aditamento de “doctor”. De igual modo los magistrados y secretarios deben firmar como tales, sin el aditamento de “doctor” salvo que posean título de doctorado. El respeto se gana con la labor, el cv es utli para saber el grado de preparación de nuestro intelocutor.
    Creo que la reforma debe pasar en mayor medida por afianzar tanto la labor de los jueces, como la del personal judicial. Comprender que no son meros empleados públicos, sino actores privilegiados en realizar un trabajo sostenido y constante de un servicio esencial del Estado como lo es el servicio de justicia. Tan importante como el servicio de educación, el de salud o cualquier otra área sensible del Estado.
    Felicitaciones y a disposición.
    Roberto Pérez Cascella

    #14206

    Hernan Calvo
    Coordinador

    Buen día a todos.

    Gracias Roberto, muy interesantes y ciertas tus apreciaciones.

    Invitamos al resto a seguir aportando ideas y comentarios a las bases subidas a este foro.

    Saludos Cordiales

    #14207

    Hernan Calvo
    Coordinador

    Buen día a todos.

    Gracias Roberto, muy interesantes y ciertas tus apreciaciones.

    Invitamos al resto a seguir aportando ideas y comentarios a las bases subidas a este foro.

    Saludos Cordiales

    #14256

    José María Trillo
    Participante

    Los debates deben servir para terminar elaborando un proyecto en lugar de enmarcar ese debate estableciendo parámetros que limitan la discusión por haberse tomado ya una posición que parece inamovible.

    El año pasado se ha analizado en detalle el tema de la reforma y se han acumulado opiniones que, en general , no coinciden con las conclusiones a las que llega la Comisión. En lo personal he tenido 52 intervenciones y creo que ninguna ha sido tenida en cuenta.

    Ello es así porque este foro se abre luego de haberse decidido cual será el objeto de la reforma que manifiestamente consiste en lograr sancionar una ley que ponga en vigencia un Procedimiento civil y comercial redactado en base al Código Modelo de 1988. Por ello quienes pensamos que esta no es la vía para modernizar realmente la Justicia argentina no tenemos rol alguno que jugar, salvo el de críticos que claman en el desierto.

    Hacer que la Justica colapsada de hoy en día sea más eficiente, rápida y transparente, son  objetivos que comparto. La vía elegida no la suscribo pues no sirve para lograr hacerlos realidad. También hay hacer especial énfasis en que la justicia debe ser más barata y de acceso universal y los jueces deben dictar sentencias que aseguren la paz social y la seguridad jurídica dejando la búsqueda de soluciones transaccionales a los abogados y las instancias conciliatorias previas. Lograr que un Juez concilie no es el fin de la Justicia. Las sentencias deben fijar conductas ejemplares que sirvan para que los ciudadanos sepan a que atenerse en sus transacciones civiles y comerciales.

    Hay que admitir que el muy elaborado proyecto de 1988 y los códigos que siguen sus lineamientos, por razones cronológicas,  no han podido tener en cuenta los enormes avances tecnológicos que hay en la actualidad disponibles para ser usados en la elaboración de un expediente electrónico de gestión integral y un código de procedimientos digital.

    Algunas consideraciones vertidas en el foro del año 2016 sobre este tema

    –  Partir de la realidad actual donde el proceso judicial es un expediente papel cuyo contenido  se identifica con el juicio y se excluye todo hecho o consideración no incorporados al mismo. El hecho que todas sus constancias sean escritas lo hacen particularmente apto para servir de base para la elaboración de un proceso electrónico. Es necesario tener en cuenta que las nuevas formas de comunicación digital han potenciado la escritura y por ello no se debe desperdiciar la oportunidad de utilizar el procedimiento actual, que parece casi diseñado para ingresar sin mayores inconvenientes a la era digital.

    – Extremar el análisis de las Tecnologías de la Información y comunicación disponibles a fin de seleccionar aquellas que hagan posible el desarrollo de un expediente digital de gestión integral al que se le transfiera el carácter de instrumento público que ahora tiene el expediente papel. En este proceso evitar todo paralelismo, privilegiando la digitalización de la gestión sin perjuicio que se pueda continuar utilizando documentación papel cuando así lo requieran las necesidades probatorias.

    – Privilegiar los desarrollos interoperables de tal manera que todos los poderes judiciales interactúen en tiempo real en las diferentes causas a su consideración. Eliminar así las notables demoras procesales que produce el actual sistema de comunicación entre las distintas jurisdicciones.

    – Partir de la base que la puesta en funcionamiento de un expediente electrónico de gestión integral es una tarea que incumbe a los tres poderes del Estado. Al Ejecutivo, el diseño y desarrollo de un software que vaya acompañado en paralelo de la elaboración de un proyecto de Código Procesal Digital que se debe someter al Congreso Nacional para convertirlo en ley y luego los jueces lo aplicaran. El Código debe contemplar la posibilidad de convertirse en una ley convenio que permita a las Provincias adherirse. Así cada Poder el Estado cumplirá con el rol que tiene asignado por la Constitución Nacional. Por otro lado ello evitará situaciones desconcertantes como la que hoy vemos, por el ejemplo, en el caso de la Justicia Nacional, donde el Ministerio Público no forma parte del muy limitado sistema informático de la SCJ.

    – Debe tenerse en cuenta el carácter dinámico de las transformaciones tecnológicas y preparar la legislación para que se puedan ir incorporando los cambios futuros en beneficio que permitan agilizar y optimizar los procedimientos judiciales.

    – Los principios fundamentales del Derecho Procesal deben siempre privar y el derecho de defensa estar asegurado,  pero las formas deben incorporar las ventajas que ofrezcan las TICs a fin de lograr rapidez, publicidad, transparencia y resguardo de la información. El sistema debe prever el acceso a la legislación vigente y a los antecedentes de doctrina y jurisprudencia, tanto para los jueces como para los letrados actuantes.

    –  La digitalización de la gestión judicial debe insertarse dentro de un verdadero plan nacional de Gobierno Electrónico que permita a los jueces acceder a registros e informes, directamente via Internet y en tiempo real.

    –  El acceso universal a los procesos a través de Internet, dando la debida publicidad a las actuaciones en un nivel infinitamente superior que el que pude dar  una audiencia pública aunque la misma sea abierta y se trasmita por televisión.  Ello es así porque un proceso digital puede consultarse en cualquier momento, mientras ocurr o años después y siempre se tienen las mismas constancias disponibles.

    – La marcha hacia lo digital es irreversible. Cada vez más los juicios estarán referidos a comercio electrónico, banca electrónica, contratos concertados por intercambios de comunicaciones electrónicas y ello hace que un proceso digital sea lo apropiado para hacer frente a esta nueva realidad.

    – La reducción de los tiempos de tramitación será notable. El expediente no se desplaza  y la gestión continúa mientras corren vistas, no existe el  “no está en letra”, el sistema realiza las notificaciones y marca el vencimiento de los plazos. Oficios y solicitudes se realizan en forma digital.  Se integra al expediente la información fehaciente que obre en Internet, tales como dedas impositivas, estado del dominio, domicilios, etc… También se pueden observar e impugnar pericias, por citar solo unas pocas de los múltiples beneficios que implica una reforma de esta naturaleza.

    – El expediente digital disminuirá notablemente los costos de la Justicia, de la misma manera que el Gobierno electrónico lo hará con la administración pública en general. Este no es un tema menor ya que una opción que permita reducir el gasto del Estado y al mismo tiempo mejorar los servicios que brinda, no debiera ser desechada.

    – Pero paralelamente a los proyectos y la sanción de códigos procesales basados en propiciar la oralidad, se fue viendo el avance de las nuevas tecnologías que ofrecen soluciones inéditas e innovadoras capaces de aportar elementos para realizar una verdadera transformación en los procedimientos judiciales. La propuesta que ahora realiza la Comisión de Reforma y que da lugar a este debate,  no tiene en cuenta este nuevo escenario y retrocede en el tiempo para buscar respuestas que hoy ya ha dado el desarrollo tecnológico y que son absolutamente más eficientes y aptas para darle al procedimiento judicial, certeza, transparencia y rapidez.

    En definitiva,  la demora de nuestro país en implementar las reformas hacia la oralidad que tuvieron otros países de la región no deja de convertirse hoy en una ventaja ya que partiendo del actual procedimiento escrito se puede llegar a un expediente judicial de gestión integral más fácilmente que si se parte de un proceso oralizado.  Por ello, parece absolutamente inconveniente avanzar en la dirección que propone el proyecto de la Comisión y esto es incuestionable a la luz de las posibilidades que ofrece la tecnología actual que sin duda seguirá evolucionando en el futuro próximo por lo que insertarse en este camino de verdadera modernización parece indispensable.

    Una comisión pluridiciplinaria integrada por procesalistas pero también por ingenieros de sistema y desarrolladores, de ser posible con experiencia en informática judicial y arquitectos de software es la vía indicada, habrá mucho por debatir pero lo importante es hacerlo en la dirección correcta y no haciendo un giro al pasado que no hace más que retrasar el muy necesario e inevitable ingreso de la Justicia argentina a la era digital.

     

    Cordiales saludos

    José María Trillo

     

     

     

     

    #14867

    Hernan Calvo
    Coordinador

    Buen día a todos.

    Comparto con ustedes el link del Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero, donde se esta desarrollando el XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal. Ahí podrán ver  fotos del Acto de apertura, con la presencia de 1000 personas, lo que refleja la expectativa e interés que generó esta iniciativa, que se desarrolla en la Sala Homero Manzidel Centro Cultural San Martín de Las Termas de Río Hondo.

    Como dice la página, el acto fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay, el titular de la Asociación de Derecho Procesal, Dr. Enrique Falcon y la Dra Agustina Diaz Cordero en representación del Ministerio de Justicia de la Nación. Acompañan en el estrado el Ministro de Justicia y DD. HH. Dr. Ricardo Daives y los vicepresidentes y vocales del Alto Cuerpo. Dres. Gustavo Herrera; Federico López Alzogaray; Carlos Lugones Aignasse y Eduardo Llugdar.

    Va el link: https://www.facebook.com/search/top/?q=poder%20judicial%20de%20santiago%20del%20estero

    Saludos.

    #15589

    Estimados, como aporte, encuentro que todos los procesos deben tener un módulo de duración. En términos geométricos, un pleito debería ser un segmento proyectado en una línea temporal, no una semirrecta que tenga un origen e incierto fin.
    Un Código moderno como es el General del Proceso de Colombia tiene establecido: “Artículo 121. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso,..”.
    Ese tipo de diseños dotan a los procesos de gran previsibilidad en cuanto a la extensión de los mismos, a la vez que cumplen con los estándares de duración razonable.
    Saludos desde Mendoza. Magnífico el documento de Bases.

    Sebastián Márquez Lamená

    #15600

    José María Trillo
    Participante

    Dijo en su discurso de ayer, 30 de octubre, el Presidente de la República, con manifiesto tono crítico “…en la justicia el expediente electrónico no existe”. Se trata de una afirmación que se condice con la realidad ya que los avances informáticos que vemos en la Justicia Nacional son simples herramientas destinadas a duplicar tareas, impregnadas de paralelismo y excusas de seguridad que hacen imposible avanzar en la implementación de un verdadero expediente electrónico de gestión integral que se requiere con urgencia para asegurar una eficiente tramitación de los procesos judiciales.

    Por otro lado, tampoco se va en el camino de contar con un expediente electrónico cuando se pretende resucitar el anacrónico proyecto de código procesal modelo de 1988, redactado cuando no se vislumbraba todavía,la posibilidad de contar con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día.

    Desarrollar un expediente electrónico de gestión integral es prioritario y hacerlo utilizando la última tecnología disponible. Es una tarea pluridiciplinaria de procesalistas, ingenieros, desarrolladores y arquitectos de software que en un plazo muy breve pueden aportar una verdadera solución al grave problema de morosidad y burocratización que con toda evidencia tiene la Justicia argentina.

    Si esa tarea se hubiese comenzado hace dos años cuando se creo la Comisión 2010, tal como lo propusimos varios participantes en este Foro, hoy ya tendríamos los resultados a la vista.

    Podemos seguir abriendo hilos y creando comisiones, una forma de deambular en el desierto sin llegar a ningún lado. Si queremos avanzar hacia donde propone el Presidente se debiera empezar ya a implementar el expediente electrónico en todo el país,  como único medio de gestión de los procesos judiciales y con sistemas interoperables, para hacer posible que el hecho que haya diferentes jurisdicciones no sea un impedimento para que la Justicia sea eficiente y rápida.

    José María Trillo

    #15603

    Nicolás Taboada
    Participante

    Ante todo, quiero aclarar que no he tenido tiempo de leer los documentos aportados a este debate, sin perjuicio de ello, me gustaría plantear una cuestión que me parece importante plantear y tráela a la mesa, partiendo de esta hipotiposis: ¿Porque no se estandariza la utilización de taquigrafos judiciales a los fines de que los procesos sean 100% oral?

    El proceso estaría respaldado todo por escrito y digital, en el momento

    Es el sistema que se utiliza en el congreso. Plantear que los taquigrafos sean un elemento “sine qua non” del mismo.

    Yo creo que el sistema anglosajón, en su proceso, ha demostrado ser un excelente sistema. La inmediatez, lo expedito; agilizaría mucho el proceso y esto daría seguridad jurídica y una respuesta rápida en la necesidad de resolver conflictos.

    Yo creo que debemos empezar a tener ese horizonte y avanzar en procesos de inmediates, orales en su totalidad y con muchas mas facultades de investigación por parte de los letrados.

    #15659

    ADRIANA EDID TOGNOLA
    Participante

    Buenos días: recién me sumo al debate por lo que voy a estudiar bien el proyecto antes de emitir todas mis opiniones. Sólo quería adelantar que, en mi concepto, con la incorporación del sistema de notificaciones electrónicas, mas que imponer la notificación de todas las resoluciones/providencias de tal manera, debería regularse un sistema de notificación automática de todas las resoluciones una vez que las mismas están disponibles en el Sistema de Gestión Judicial al que pueden acceder las partes y sus auxiliares, aunque con una fijación de un plazo único, mas amplio para los procesos ordinarios y mas reducidos para los sumarísimos. Por ejemplo “Todas las resoluciones que no deban notificarse en el domicilio real quedarán notificadas el día en que se encuentren disponibles para su consulta en el Sistema de Gestión Judicial, los plazos comenzarán a correr al día siguiente y serán a todos sus efectos, salvo disposición en contrario, de quince días hábiles en los procesos ordinarios y de diez en los sumarísimos”.
    De esa manera se aprovecharía al máximo esta herramienta que nos brinda la informática, evitaríamos el juego del impulso o no de parte o de oficio y, en su caso, evitaríamos la sobrecarga de la Justicia para así aplicar los recursos humanos de la misma a otros fines que también signifique simplificación y agilización del expediente Judicial.

    #15716

    Carina Vanesa Suárez
    Participante

    Hola a todos los miembros del equipo y gracias por la oportunidad de partipar.

    La reforma procesal es absolutamente necesaria, por ello me hizo feliz saber del proyecto.

    Estuve leyendo las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial de la Nación.

    Me detuve especialmente en un proceso: “el proceso monitorio”. El proceso monitorio es una propuesta legislativa interesante y plausible, mas, su efectividad está siempre sujeta a cuestiones probables y conjeturales.

    Sin embargo, legislativamente instaurado dentro de un sistema –no en forma aislada- que cambie profundamente la manera de litigar en Argentina, que asegure la inmediatez, concentración y la economía procesal, debería dar buenos resultados.

    Apropósito de ello, publiqué un artículo en blog: El Proceso Monitorio en Argentina. Reformas, proyectos y realidad.  En cual recorro viejos debates, que seguramente volverán a suscistarse -al menos eso creo- para concluir sobre la necesariedad de que el mismo opere dentro de un Sistema.

    Experiencias del uso aislado del mecanismo monitorio, encontramos en provincias argentinas como en la de Entre Ríos, sin embargo, la efectividad de este mecanismo, sólo se lograría funcionando como parte de un todo.

    ¿A qué viene todo esto? Pues, quiero destacar la necesidad de una reforma total. Un cuerpo normativo nuevo, que tenga un eje coherente y lógico, que pueda explicarse a sí mismo sin contradicción alguna. Los remiendos legislativos no son buenos, normas oscuras llenas de parches con dificultades en su aplicación no hacen una mejor justicia sino todo lo contrario.

    Seguiré estudiando las bases, y aportaré lo que estime útil al debate.

    Desde ya, felicito la iniciativa. Creo en la inteligencia lógica de toda norma jurídica y en su proyección social. Por eso, valgan todos los esfuerzos. Me siento orgullosa del trabajo de los juristas que elaboraron las bases. Me hace feliz saber que una justicia más cercana es posible.

    Gracias. Saludos.

    #15739

    buenas tardes necesitamos plazos especiales para procesos civiles y de familia donde estan involucrados niños . Sobre todo de cuidados personales ( tenencia ) visitas y todo lo relacionado a sus necesidades básicas físicas espirituales y emocionales y derechos humanos trabajo con mas de una decena de organización es y hemos presentado un proyecto para la.proteccion de loa derechos de loa niños en loa procesos . Tambien les comento que estaré concursando como defensor de nna de la nación. Un afectuoso saludo al foro y espero verlos en Rosario.

    #15740

    Muchas gracias a todos los que participan. Ciertamente el debate se enriquece con la mirada de cada uno de ustedes respecto de los procesos. Los  aportes e inquietudes que manifiestan son siempre retransmitidos y puestos en consideración a la comisión.

    A aquellos que participen mañana de la “Presentación de las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial” en Rosario, los esperamos!

    Saludos

    #15771

    ADRIANA EDID TOGNOLA
    Participante

    Buenos días: quisiera transmitir también mi inquietud respecto de la bonanza del sistema procesal civil con mayor celeridad e inmediatéz del Juez (como la celebración de audiencia conciliatoria -similar a la actual del art. 360 CPCCN- y otra posterior de vista de causa)  con el sistema actual y el proyectado de subrogancia de jueces ya que actualmente -y en principio el nuevo régimen en este punto sería similar- la subrogación entre jueces es/sería cubierta:

    1)  por jueces de la misma competencia territorial y material : aquí habría que considerar que en el interior del país son muy pocas las Jurisdicciones que tienen mas de un juez de idéntica competencia territorial y material.

    2) jueces de idéntica competencia territorial aunque no lo sea material: es decir que un juez penal (con todas las particularidades de la vorágine de éste tipo de proceso considerando que en la mayoría de los casos van a ser (al menos de acuerdo con el régimen procesal penal actual) jueces de instrucción y correccionales tendrían que hacerse cargo también de estas audiencias de los juzgados civiles donde estarían subrogando (sumado a las demás urgencias como amparos, cautelares, etc. cada vez mas numerosas y frecuentes9

    3) suponiendo que llegaramos a la siguiente situación y que se tratara un juez civil que debiera ser reemplazado por otro juez de diferente competencia territorial aunque igual material: no debemos obviar la circunstancia de que en la Justicia Federal la distancia entre los distintos Juzgados de Primera Instancia en el interior es, estimo, como mínimo de 100 km., vale decir que al Juez subrogante le resultará materialmente -si no imposible- excesivamente dificultoso cumplir con sus obligaciones en el Juzgado del que es titular y en el que subroga, tambien por lo apuntado anteriormente

    4) Finalmente (para esta exposición, aunque creo que hay “mucha tela mas por cortar”)  supongamos que el Juzgado vacante es uno multifuero…… cómo podría un Juez titular de otro Juzgado brindar una buena admistración de justicia en su propia jurisdicción y agregarle hacerse cargo de la materia penal y civil (ambas entonces con inmediatez, celeridad, y urgencias impostergables) sumando las distancias entre Juzgados ?

    Gracias por permitirme opinar

    Adriana Tognola

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El debate ‘Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ está cerrado y no admite más respuestas.