Viendo 7 publicaciones - del 31 al 37 (de un total de 37)
  • Autor
    Aportes
  • #15772

    ADRIANA EDID TOGNOLA
    Participante

    Perdón, por error me faltó incluir la conclusión: creo que la reforma del Proceso Civil y Comercial no debe ser tratado en forma aislada de la reforma a la Ley de Subrogancias, no son compartimento estancos, puede en ciertos casos condicionarse el resultado final en la práctica con la loable intención al instituir ambos regímenes.

    #15776

    Buen día a todos.

    Es un gusto poder unirme a este grupo, interiorizarme de los avances del proyecto así como de los aportes de los integrantes de los distintos equipos.

    Asistí anoche al evento de presentación de las “Bases” en la Facultad de Derecho de la UCA Subsede Rosario.

    Mas allá de la importancia y respaldo institucional que significó el acto para este emprendimiento, destaco la labor de difusión de todos los aspectos involucrados en el programa, en especial en lo que refiere al NUEVO CPCCN, la participación del Dr. Chayer y la Dra. Díaz Cordero y de los reconocidos y expertos expositores (Dres. Kaminker, Arazi, De los Santos y Peyrano)

    Desde el Ateneo Procesal del Litoral (integrante de la FAEP), la cátedra de Derecho Procesal I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y el Colegio de Abogados de Santa Fe, venimos trabajando en estos temas, propiciando: a) la inmediata optimización de los recursos materiales, humanos y de las herramientas procesales a partir de las normas y principios vigentes y operativos en nuestros Códigos; b) el proyecto de nuevas códigos procesales y leyes orgánicas del poder judicial a partir de la ponderación de todos los sectores involucrados, ya sean estos operadores del sistema judicial, justiciables, poder político y comunidad; c) como representante del Colegio de Abogados en las comisiones de reforma recientemente convocadas por el Gobierno Provincial santafesino, velar por la consideración del rol del abogado, su situación y posición socio económica y la adaptación de su labora a los cambios.

    Algunas de las conclusiones de uno de los aportes producidos (en pronta publicación de la Revista del Foro Profesional del Colegio de Abogados de Santa Fe) son las siguientes:

    – Más allá de las cuestiones “técnico procesales” – cuya instrumentación podría ser ajustada a las posiciones filosóficas o jurídicas con mayor consenso al momento de una reforma – reconocemos que un verdadero cambio en el área procesal civil, presupone decisión política, recursos materiales, modificaciones en la infraestructura judicial, un sostenido acompañamiento financiero y el apoyo decidido de todos los sujetos y recursos humanos involucrados. 

    – Desde la mirada del derecho procesal, como ciencia, no se puede sucumbir a diseños reformistas en el fuero civil, apoyados en el único espíritu de “mejorar la imagen” del poder judicial o de solo reducir drasticamente  y a cualquier costo, mediante la utilización de todo tipo de fórmulas, los índices de litigiosidad o las estadísticas en la resolución y terminación de causas.

     – Debe tratarse de un progresivo y sostenido plan constructivista, tendiente a mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional (en el más amplio de los sentidos)  ya sea desde una óptica política, como jurídica.

     – Cualquier proceso de reforma, debe involucrar la cuidadosa ponderación de la función del abogado y de las condiciones en que debe ejercer dicho insoslayable servicio legal.

    – La intervención del abogado en el proceso – mas allá del contenido propio de la relación con su cliente o patrocinado (enmarcada en el ámbito del derecho civil) – detenta las siguientes características: a) emana del cumplimiento de la ley; b) es necesaria e insustituible; c) coadyuva a la tutela de la garantía del derecho constitucional de “acceso a la jurisdicción”; d) posibilita una correcta dirección del litigio; e) posiciona su función como indispensable para el ejercicio de la acción e integración de la relación jurídica procesal; f) constituye un servicio público sin costo para el Estado. 

    – En lo que refiere a la introducción de las cuestiones de hecho en los procesos civiles, no existe hoy en nuestro ordenamiento procesal la imposición del deber de “sinceridad” de los litigantes, puestos que estos y sus abogados, no están obligados a decir la verdad. No obstante, la confluencia de factores como el reforzamiento del principio de moralidad, la proscripción del abuso procesal y el deber de colaboración de las partes, sumados al necesario acomodamiento de los procedimientos a los tiempos modernos, al aprovechamiento de los medios tecnológicos y al inevitable sinceramiento de las formas, avizora un inevitable cambio de paradigma.

     – La introducción de las cuestiones fácticas “paso a paso”, mediante esquemas de procesos por audiencias, la utilización de fórmulas que admitan la “individualización” de las situaciones que justifican la intervención judicial, para la descomposición posterior de los hechos a partir de las pruebas producidas, posibilitará el arraigo de la sinceridad en los discursos de los sujetos de la relación. En tal sentido, las pautas sentadas por las “Bases” resultan un alentador avance a la hora de optimizar y dotar de mayor eficacia a los procesos.

    – En el marco de una reforma procesal civil, es conveniente la adaptación de los procesos a un esquema de individualización de las situaciones fácticas, abandonando el método de la sustanciación y contradicción de cada hecho, lo cual facilitará el rol de las partes, permitirá definir la materia de debate y fomentará el uso apropiado y racional de los medios probatorios

    Quedo a disposición para intercambiar ideas y a la espera de la consideración de nuestros comentarios.

    Saludos

    Ángel Fermín Garrote

    #15826

    Gracias Adriana y Ángel por las inquietudes y los aportes. Serán retransmitidos a la Comisión Redactora, en su labor de redacción del Anteproyecto del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

    Aprovecho la ocasión para hacerles llegar la invitación a la Jornada ““Las Barreras que impiden la eficacia del procesos; algunas propuestas de solución”, que se llevará a cabo el día 13 de noviembre del corriente año, de 15 a 18:30 horas, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Ajunto el Programa del evento.

    Saludos

    Archivos adjuntos:
    1. PROG-13N.pdf
    #15947

    José María Trillo
    Participante

    En los últimos años, en parte debido a la falta de designación de jueces titulares y por encontrarse vacantes un número importante de juzgados, se ha acentuado la burocratización. Los temas, que muchas veces no son menores, los resuelven empleados y se termina creando una jurisprudencia del juzgado, que lleva a tener que preguntar en cada uno de ellos, por los pormenores de sus particulares procedimientos, para poder litigar con cierto grado de certeza.
    Por su parte la Corte legisla con Acordadas sobre temas que debieran ser objeto de leyes modificatorias del código procesal. Así podríamos seguir enumerando vicios o hábitos que llevan a eternizar los juicios. Justo es reconocer que la falta dinámica en la actualización de las leyes por parte del Poder Legislativo, que debiera también actuar a iniciativa del Ejecutivo, lleva a la jurisprudencia a intentar paliar estas falencias, con resultados propios de los parches, que no solucionan el fondo del problema.
    La reforma judicial es un término usado desde hace muchos años. Siempre han sido los juristas quienes buscaron mejorar las formas en que los ciudadanos hagan valer sus derechos ante los tribunales. Se ha discutido en las universidades, despachos estatales y congresos, todos ellos concurridos por hombres de derecho de primer nivel, reconocidos profesores, jueces y tratadistas de derecho procesal. Las reformas logradas han sido, en general un cambio de postura pero no de dolor. Situación que parece repetirse hoy en día con las discusiones que tienen lugar dentro de la Comisión 2020, donde toda solución pasa por reflotar el proyecto de Código Procesal Civil elaborado por la OEA y aprobado en la Conferencia de Montevideo de 1988.
    Seguiremos deambulado por el desierto, sin otro rumbo que el justificar con el debate, la acción que no se concreta.
    La solución está en la puerta de la que todos hablan pero que nadie quiere abrir. Se llama tecnología. Cuando esas reuniones de expertos incluyan una mayoría de buenos desarrolladores de software e ingenieros de sistemas y los juristas se limiten a dar las pautas específicas para lograr contar a la brevedad con un expediente electrónico de gestión integral, entonces empezaremos a creer en que hay en marcha una verdadera reforma judicial.
    Algunos dirán que la ley 26685 nos ha abierto ese camino. Falso. Hace 6 años que rige y lo que tenemos como resultado es un desarrollo informático paralelo al expediente papel, engorroso y que aumenta la tarea de letrados y juzgados en lugar de reducirla sustancialmente como es uno de los objetivos fundamentales de un software bien desarrollado. Es un claro ejemplo de paralelismo, la más usual defensa de la burocracia para detener los avances tecnológicos. El expediente electrónico debe ser el instrumento de la gestión del juicio y en él debe residir la fe pública de la que hoy goza el expediente papel.
    Hace años se dictó una ley de firma digital, fue durante un período en el cual parecía el desarrollo más adecuado para dar garantías de autenticidad a la gestión electrónica. Después de más de 10 años de sancionada, la dinámica creativa no se ha detenido y hoy tenemos firmas electrónicas con mayores garantías de seguridad y recaudados biométricos, que han dejado obsoleta esa ley. Sin embargo algunos detienen el avance tecnológico sosteniendo que primero hay que implementarla. Otro mito falso que junto con el paralelismo sirve para mantener a nuestra Justicia sumida en el atraso.
    Tenemos suerte. Nuestro viejo procedimiento escrito de raíces coloniales es una magnífica base de trabajo para el desarrollo de un expediente electrónico de gestión integral. En los países de tradición anglosajona, este paso se complica debido a las audiencias orales que dificultan notablemente el pase a la era digital. Sin embargo en lugar de aprovechar la ventaja comparativa que nos brinda esta realidad de nuestro procedimiento, en la Comisión 2020 se pretende poner en vigencia un nuevo Código Procesal Civil y Comercial , basado en el proyecto de 1988 de la OEA, donde el procedimiento anglosajón ha servido de inspiración. Así renunciaremos a avanzar hacia una incorporación de tecnología manteniendo nuestras tradiciones jurídicas y valorando las mismas como adecuadas para entrar en una verdadera modernidad y tomaremos el complicado camino de imponer un procedimiento foráneo menos apropiado para lograr ese fin.
    Hay que abrir la puerta de la tecnología en serio. Dejarla entrar y optimizar su uso para que nuestra Justicia, manteniendo sus mejores tradiciones se modernice y se convierta en un ejemplo de eficiencia, transparencia y fácil acceso, ello logrado a costos razonables y en el menor tiempo posible. Tarea que incumbe en forma conjunta y coordinada a los tres poderes del Estado nacional y a las Provincias.

    #16296

    Carina Vanesa Suárez
    Participante

    Estimados,

    Recibí un correo en el que me informaban que estaban disponibles unos informes sobre los avances del proyecto, pero no encuentro el link….

    Este es el mensaje textual: “¿Sabías que ya podés consultar las rendiciones de cuentas realizadas en las iniciativas del Eje Civil (Equipos 3.2  Estrategia para la Agilización del Servicio de Justicia y 3.3 Cambios Procesales para un Mejor Servicio de Justicia)?”

    Les agradezco toda ayuda.

    Saludos.

    #16327

    Creación de un Registro de Propiedades Usurpadas, para iniciar el camino hacia un desalojo express de la vivienda usurpada.
    Necesitamos urgente un cambio en la legislación,
    que nos provea de patrocinio gratuito a los propietarios y que nos permita recuperar nuestras casas usurpadas por delincuentes mediante el auxilio de la fuerza pública, con la sola presentación de la escritura del inmueble.
    Podría aplicarse en estos casos la ley de defensa de la víctima: los usurpados son víctimas del accionar de delincuentes o bandas de ellos.

    #16335

     

    Usurpación de inmuebles

    #Usurpaciondepropiedades
    Las víctimas de usurpaciones necesitamos una solución!!! Medios, funcionarios y representantes. Ellos se meten en nuestros hogares. Nos informan de lo que acontece, nos hacen festejar o sufrir por los hechos, parece que para hecerse eco de algo, tiene que ser por una personalidad, alguien importante. Ellos son el medio, un nexo, y a veces hasta la forma, ellos se comunican con nosotros, nos llenan de llamados, mails, publicidades con propuestas, con invitaciones a participar, ellos desnudan sus disputas, sus problemas. Y nos impelen a tomar partido por su luchas, porque son “las de todos”. Ellos nos agradecen infinitamente cuando reciben su cuota de poder, real o mediático.
    Hoy se cumple otro año desde que funcionarios, representantes y medios me dieron la espalda. Hoy se cumple otro año desde que la ley fué violada, a la vista de todos, en un barrio de Rafael Castillo. Otro año de silencio, como aquél que rodeaba el lugar semi incendiado y saqueado. Ningún vecino se acercó. Los comprendo, tienen miedo. Y tal vez algún otro hoy sufra lo mismo que mi familia y yo. La policía me consejaba dejar “que te limpien todo” y vender después el terreno. El empleado del mayorista Vital lamentaba lo que le pasó a mi casa, pero decía “no puedo hacer nada, trabajo enfrente” Todos comprenden, todos justifican: todos colaboran, en definitiva. En ese momento comprendí que estaba solo contra todo: delincuentes, maffias, funcionarios, buenos vecinos de años con miedo. Soy una persona propietaria, con escritura del Registro de Propiedad Inmueble, de una casa que levantaron con sus manos mis padres. Esta misma persona a la que intiman a pagar impuestos y tasas cuando me atraso. Esta que obligaban a declarar reformas cuando veían por foto aérea que construía algo más en ese terreno Y con ese papel que dice que soy el dueño de lo que queda de la casa de mis padres, no puedo hacer nada. Sólo volver a ver todos los días de mi vida como vuelven a arder esas paredes que contuvieron mi infancia y juventud.
    Y los delincuentes viven allí, no hay que hacer pesquisas, no hay que pedir extradiciones, no hay que hacer nada más que desalojarlos. Y proteger al propietario y a los que vieron todo. Por otro lado, tuve que padecer la burla de los que decían: “no supiste defender lo tuyo”, “es un problema que se resuelve en forma privada, mediante un abogado”, “pagá una patota para que los saque”, “la tierra es del que vive en ella, hay miles de casas desocupadas, debés ser un latifundista” Y no, no lo soy, ni lo voy a hacer. No soy un delincuente, ni maffioso, que paga para que aprieten gente. La casa no estuvo deshabitada. De los 42 años que hacía que estaba allí, sólo estuvo sola 15 días, y en esos días mi hermana fué los fines de semana. El abogado me pintaba un panorama donde “sólo el juez podría ordenar el desalojo”, luego de constatar en meses y meses que yo soy el dueño y que hay gente sin escritura viviendo allí. Lo que yo fuí y soy es víctima de un robo, que en cosas muebles origina investigaciones hasta dar con lo robado, para restituírlo a su legítimo dueño y encarcelar a los ladrones. Nadie hace un juicio para recuperar un vehículo, por ejemplo. En inmuebles la Justicia tiene el camino allanado: el bien jamás podrá ser trasladado y los delincuentes viven en él. Pero pasa que el dueño debe pagar cada una de las acciones legales, ir al juzgado a declarar. Y a los usurpadores se les toma testimonio en la casa que robaron! Claro., luego me dí cuenta de que hay muchas inmobiliarias que publican “venta de casa usurpada”. Es la frutilla del postre; se vende un bien robado! De todos estos años sólo conozco una persona que recuperó su casa: la extinta Lily Süllős, a la que usurparon luego de fallecida en 2013. Y Anikó Szabó, artista plástica y amiga de ella, así lo afirma en una carta de lectores del diario La Nación, dos años después. Esto fué en Vicente López, ¿será por eso o porque se trataba de una persona conocida? En todo el país hay miles de casos como el mío, con dueños con el mismo sufrimiento que el mío, que perdieron su pasado y hasta ahora su presente, luchando porque en el futuro la Justicia les devuelva su propiedad. Muchas víctimas de usurpaciones de propiedades, al quedarse sin heredad, tienen que alquilar, como es mi caso. La Cámara Inmobiliaria se presenta en el Congreso cada vez que se intenta mejorar la situación de los inquilinos o cuando alguna normativa perjudica a los propietarios. Pero la situación de los propietarios víctimas de usurpaciones no motiva ninguna acción, como podría ser: un Registro de Propiedades Usurpadas, donde las víctimas de esos robos puedan encarar un reclamo conjunto.

Viendo 7 publicaciones - del 31 al 37 (de un total de 37)
Viendo 7 publicaciones - del 31 al 37 (de un total de 37)

El debate ‘Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ está cerrado y no admite más respuestas.