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  • #15158

    Patricio Henderson
    Coordinador

    Estimadxs participantes:

    Me complace dar apertura a una nueva Iniciativa de nuestro equipo de trabajo, denominada “Programa de Justicia Terapéutica”, a través de la cual proponemos un abordaje integral en el tratamiento de infractores con consumo problemático de sustancias psicoactivas.

    La drogodependencia es considerada una enfermedad crónica y recurrente. Una importante cantidad de imputados que presentan un comportamiento criminal generado por diversas adicciones son sancionados y encarcelados, en lugar de ser tratados por el sistema de salud. Sin embargo, es cada vez más evidente que la aplicación del sistema penal no desarraiga la conducta contravencional, ni la reiterancia delictiva, resultando perjudicial para los infractores y la sociedad en general.

    Asimismo, la realidad nos muestra que la aplicación de un enfoque estrictamente punitivo como respuesta al consumo y tenencia de drogas, ha demostrado la ausencia de un impacto real respecto de la disminución del tráfico de estupefacientes, así como también del mejoramiento de la seguridad pública.

    En síntesis, proponemos generar un debate integral sobre la problemática, que contribuya en la definición de políticas públicas en la materia.

    La lic. Sol Purita será la responsable de conducir la Iniciativa, quién se desempeña como Asesora de Relaciones Internacionales en la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

    Buen trabajo!  

    #15167

    manuel saponaro
    Participante

    Resulta muy interesante el tema de la drogodependencia en relación a las personas privadas de su libertad.

    En el ámbito del servicio penitenciario federal “funcionan” dos programas relacionados a dicha problemática. el AGA (atención grupal en adicciones) y el CRD (centro de rehabilitación en drogadependientes). El primero de ellos es de tipo ambulatorio, con un marco teórico escueto y de muy difícil implementación por diferentes factores. En según de ellos funciona como una comunidad terapéutica clásica, donde la rotación de pacientes es muy escasa y consecuentemente las plazas.

    En ambos casos, los programas han quedado desactualizados frente a los lineamientos de las políticas de reducción de riesgo y daños para sus tratamientos. 

    Una problemática relacionada a la temática, es el alto abuso de psicofármacos dentro del ámbito penal. Generalmente son tratamientos con escaso control y seguimiento. Se suelen usar los fármacos como moneda de intercambio. Por lo relevado muchos de los episodios de autolisis se dan en el marco de intoxicaciones agudas con los mismos.

     En relación a tomar la drogadependencia como una enfermedad crónica, ya la ley de salud mental 26657 plantea en su artículo 7 inc. n) Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Es decir la concepción de un estado crónico ya no es materia de discusión.

    Que la adicción genere comportamiento criminal, es para empezar cuestionable. Existe una correlación entre ambos factores pero es extralimitarse plantear una asociación de este estilo. En un relevamiento realizado en el 2015 en el complejo 1 sobre la manifestación de los detenidos de antecedentes de consumo de sustancias y consumo problemático, se encontró que el 50% refieren antecedentes de consumo. En cuanto al aspecto cronológico, los delitos en personas vinculadas al viejo concepto de dependencia están relacionados a delitos poco elaborados y de oportunidad. 

    En cuento a la ley de drogas que tomaba como fundamento la persecución del consumidor como política para afectar al productor tomando como fondo la salud pública…. ya está bastante demostrado su inefectividad. No habría mucho que aportar. Existe bibliografía de sobra al respecto.

    Un problema a mi humilde parecer, si se quiere más estructural, es la implicancia de los actores. Es decir, para el sistema judicial es de interés velar por las garantías en la detención por lo que exige las mismas al servicio penitenciario. Este último, tiene su interés en la seguridad y en el cumplimiento judicial. El área sanitaria forma parte de ese conjunto de compuesto por el área de seguridad precarizando sus fines. Es decir, la salud no tiene autonomía para adoptar políticas e instrumentarlas bajo la supervisión del área de seguridad. Los programas en salud mental son conformados por personal a veces ajenos a ámbito de la salud y otras veces ajenos a las problemáticas en la atención. Muchas veces orientados más en cumplir con la demanda judicial que en la resolución de problemáticas en salud.

    Por último, la falta de datos epidemiológicos de la población deja a ciegas las implementaciones de políticas orientadas a la misma que sumados a la falta de relevamiento de la eficacia y eficiencia de los programas solamente concluye en la respuesta a una formalidad. 

    #15173

    María Sol Purita
    Responsable de iniciativa

    Estimadxs,

    Mi nombre es María Sol Purita, soy abogada y Licenciada en Ciencias Políticas, me desempeño como responsable de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios y estaré coordinando los debates en el marco de esta iniciativa.

    En nuestro país, al igual que en la experiencia internacional, existe evidencia de una estrecha relación entre la drogodependencia y las conductas delictivas. La tasa de consumo de drogas y alcohol en imputados es casi ocho veces la tasa de consumo de drogas y alcohol en la población general. A su vez, un gran porcentaje de las personas que han cometido delitos como consecuencia de una situación de consumo problemático, pertenecen al último eslabón de la cadena delictiva y provienen de situaciones de marginación, de violencia doméstica y/o social. En esos casos, el encarcelamiento exacerba las condiciones de exclusión social, lejos de impactar en la reducción de los ilícitos.

    Frente a este fenómeno complejo y multicausal, numerosos sistemas jurídicos comparados ya han reemplazado las penas privativas de la libertad por medidas alternativas al encarcelamiento, cuyo eje es lograr la rehabilitación de las personas que presentan un consumo problemático de sustancias psicoactivas y se encuentran sometidas al proceso penal.

    En tal sentido, el modelo alternativo más difundido ha sido el de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), cuya implementación exitosa -en la mitad de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)- ha demostrado una reducción sustancial de la reiterancia delictiva y de costos para el sistema penitenciario.

    Más allá de las particularidades normativas inherentes a las respectivas legislaciones nacionales donde se aplican dichos tribunales, todos ellos comparten características comunes: involucran a infractores que hayan cometido delitos menores con raíz causal en su dependencia a las drogas; estricta supervisión judicial durante  todo el proceso; intervención de un grupo multidisciplinario de actores del área jurídica y sanitaria; y la participación de carácter voluntario del infractor que accede al tratamiento, entre otros.

    Dicho instituto se inscribe en el paradigma que propone la Justicia Terapéutica, el cual se diferencia radicalmente del proceso tradicional:

    • resuelve los conflictos subyacentes al delito tomando al juez como director del proceso;
    • promueve un esquema estrictamente orientado a la persona más que al caso;
    • presenta una visión prospectiva basada en las necesidades de la persona y orientada hacia la planificación;
    • deja de lado la lógica adversarial y trabaja desde la colaboración de todos los actores intervinientes;
    • se aboca a la interpretación y aplicación de las ciencias sociales más que a la interpretación estricta de la ley.

    Objetivo General del Programa

    Teniendo en cuenta las herramientas que provee la Justicia Terapéutica, buscaremos desarrollar un programa que contemple el tratamiento integral de aquellas personas que padecen un consumo problemático de sustancias y que hubieren obtenido, en el marco de un proceso penal, la suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional.

    Ello, con la finalidad específica de contribuir mediante un tratamiento adecuado, a la reducción del uso de sustancias psicoactivas por parte de los participantes, favorecer su integración social y disminuir los índices de criminalidad.

    En este último trimestre del año, compartiré con ustedes todas las iniciativas que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha llevado a cabo durante gran parte del año 2016 y 2017 en pos de ese objetivo. Entre ellas, el intercambio de experiencias internacionales y buenas prácticas, la realización de jornadas de formación, la celebración de reuniones interagenciales.

    Lxs invito a utilizar este espacio para intercambiar ideas, generar diálogos y debates que serán fundamentales para nutrir la discusión sobre una temática que impacta directamente en la seguridad ciudadana.

     

    #15218

    melina morroni
    Participante

    Excelente iniciativa!!! Me interesaría saber qué experiencias internacionales existen en la materia!!!

    #15223

    Guillermo Todarello
    Participante

    Estimadxs,
    Mi nombre es Guillermo Todarello, y me desempeño como defensor oficial.
    Sin duda entiendo que es imprescindible explorar caminos distintos a los tradicionales. Más allá del debate respecto de la influencia del consumo de drogas en la determinación de conductas delictivas, creo que toda propuesta que implique una alternativa al encarcelamiento y, en su lugar, el desarrollo de un tratamiento de salud voluntario de la persona imputada, merece mi total adhesión.
    Es que considerando la situación descrita por el participante Manuel Saponaro, resulta imprescindible encontrar y aplicar alternativas a la pena de prisión, y en su lugar desarrollar tratamientos de salud para aquellas personas que presenten una situación problemática respecto del consumo de estupefacientes.
    Por supuesto, entiendo que la Justicia Terapéutica excede la cuestión vinculada al tratamiento de conductas delictivas llevadas a cabo por personas adictas, pero siendo esta la cuestión objeto de debate, creo que es imprescindible evaluar la adopción y puesta en marcha de tribunales especializados que enfoquen su mirada también al ser humano y no exclusivamente en el hecho realizado.

    #15231

    María Sol Purita
    Responsable de iniciativa

    Estimadxs,

    Muchas gracias por sus aportes.

    Resulta muy interesante el comentario del Dr. Guillermo Toradello, ya que en este tipo de programas el rol de los Ministerio Públicos reviste vital importancia. Conforme a las experiencias internacionales estudiadas, la fiscalía y defensoría adoptan una lógica no adversarial que relativiza la contradicción del proceso y hace hincapié en aspectos de interés común: el bienestar de los intervinientes, la reducción de los índices de criminalidad y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

    Por otro lado, respondiendo a la consulta de Melina Morroni sobre la experiencia internacional del Modelo de Tribunales de Drogas (TTD), me gustaría comentarles que el primer TTD surge en Miami en 1998 post crisis del crack, como respuesta al ciclo repetido de ingreso y egreso en el sistema judicial de los infractores dependientes de drogas por el mismo tipo de delitos.

    Actualmente los TTD se han convertido en el modelo alternativo más difundido en América Latina, implementándose con muy buenos resultados en la mitad de los Estados Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

    Más allá de las particularidades normativas inherentes a las respectivas legislaciones nacionales donde se aplican estos tribunales, todos ellos comparten características comunes. En primer lugar, se aplican a infractores que hayan cometido delitos menores no violentos cuya raíz causal haya sido directamente su dependencia a las drogas. Existe una estricta supervisión judicial que rige todo el proceso, donde el juez asume un rol central a través de audiencias periódicas de control. Es el magistrado quien selecciona a aquellos que ingresan al programa, y de quien depende su permanencia, graduación o expulsión.

    Por otro lado, la intervención de un grupo multidisciplinario de actores del área jurídica y de la salud, que generalmente incluye a fiscales, abogados, defensores, representantes de las carteras de salud, entre otros; y la participación de carácter voluntario del infractor que accede al tratamiento.

    Profundizando estos aspectos, me gustaría compartir con ustedes parte del material que trabajamos en las Jornadas Internacionales de Justicia Terapéutica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó el pasado 10 de mayo, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas en medidas alternativas al encarcelamiento.

    En esa oportunidad, expertos de la CICAD-OEA y de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos expusieron sobre esta medida alternativa. Adjunto a continuación esas presentaciones para que podamos seguir debatiendo sobre esta temática.

    #15264

    Estimadxs. Muy buena la iniciativa . de mi poca experiencia de trabajar en contextos de encierro con PPL creo que hay que trabajar intensamente desde la formación de los agentes penitenciarios en general, en el derecho a la salud de las PPL.
    En Jujuy se firmaron convenios con la Universidad Nacional por este tema , en especial para programas vinculados a la Prevención del VIH.
    Estaba naturalizado hasta la sanción de la Ley de Salud mental que los psiquiatras del Hospital Monovalente suministraran psicofármacos a las PPL como dice Manuel.
    Desde la sanción de la Ley de salud mental se espera la puesta en marcha del Organo de revisión Provincial que podria tener competencia para trabajar esta temática interdisciplianriamente.
    La institución El Umbral trabaja en el tratamiento con jóvenes y adultos casi en su totalidad , varones , del consumo problemático de sustancias del penitenciario provincial.
    de cualquier manera hay 2 o 3 psicologxs para una población penitenciaria de alrededor de 1000 personas en total.

    Seguimos en contacto.

    #15304

    Guillermo Todarello
    Participante

    Hola!
    Realmente son muy interesantes los archivos adjuntos que han enviado.
    Sin duda, y de acuerdo a las estadísticas allí referidas, el resultado de la puesta en marcha de los Tribunales de Tratamiento de Drogas es absolutamente positivo.
    En ambos documento se cita una guía metodológica llamada “Modelo mexicano del programa de justicia terapéutica para persona con consumo de sustancias psicoactivas”
    Pienso que tal vez sería bueno poder contar dicho material o tal vez con alguno similar de otro país.

    #15365

    María Sol Purita
    Responsable de iniciativa

    Estimadxs,

    Muchas gracias por sus comentarios. Tal como lo remarca Guillermo, el “Programa Mexicano de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas” es un ejemplo claro de la construcción de una política pública a nivel federal que busca dar respuestas concretas a una gran parte de la población  en conflicto con la ley, cuyo problema es el abuso y dependencia a las drogas.

    En este manual, el gobierno de México plantea un cambio de paradigma en el que la reducción de la demanda de drogas tiene la misma atención que el control y la reducción de la oferta, desde un enfoque de salud pública y combate a la delincuencia.

    Lxs invito a leer el documento, el cual ahonda en el concepto de Justicia Terapéutica y hace referencia al diagnóstico nacional de la problemática de drogas y el delito; así como, los elementos del modelo y sus etapas; la implementación y la necesaria coordinación intersectorial y multidisciplinaria.

     

     

    Archivos adjuntos:
    1. ModeloPJT-Mexico.pdf
    #15375

    M Berberian
    Participante

    Buenos días a todos! Mi nombre es M.Candelaria Berberian, soy funcionaria judicial de la provincia de Córdoba, actualmente ocupo el cargo de Secretaria de una Fiscalía de lucha contra el narcotráfico, por ello me resulta muy interesante toda la temática de las drogas y el consumo de las mismas. Relacionado a ello me encuentro realizando mi tesis de doctorado en derecho sobre esta temática, asi que para mi es un placer poder compartir con uds. y aprehender de uds. esta temática tan imporante. En nuestra sede tenemos muchísimos casos de consumos personales como asi también casos de comercialización de estupefacientes o tenencia de estupefacientes de personas que entran en a cometer estos tipos de hechos delictivos para poder consumir también, ya que son adictos y con el correr de dicha adicción les torna dificultoso contar con el dinero para comprar estupefacientes.  Estamos en contacto. saludos. Lo único quería pedirles que si organizan alguna reunión nos pueden avisar con tiempo ya que debemos viajar desde la ciudad de Córdoba. Desde ya muchas gracias.

    Candelaria.

    #15377

    Gaston Hernandez
    Participante

    Buenos días,

    Excelente iniciativa y muy interesante la información respecto de alternativas al encarcelamiento para drogodependientes.

    Muchas gracias por la información.

    Saludos.

    #15383

    Maria Jimena Monsalve
    Participante

    Mi nombre es Maria Jimena Monsalve. Saludo a los integrantes del foro. Soy juez Nacional de Ejecución Penal y miembro de la Asociación Argentina de Justicia Terapeutica. Aplico actualmente muchas de las herramientas que proporciona la Justicia Terapéutica en la etapa de la ejecución de la pena, con resultados altamente positivos.
    La Justicia Terapéutica nace de la mano de Wexler y Winnick, dos norteamericanos que advirtieron -con mucho criterio- que la ley tiene efectos terapéuticos y anti terapéuticos, pues su aplicación conlleva resultados que afectan la salud emocional de las personas en conflicto. Estos efectos deben ser advertidos y contrarrestados por los operadores judiciales, en pos del bienestar de las personas.
    La Justicia Terapéutica permite visualizar el conflicto desde otra óptica, mucho más humana y con resultados enriquecedores para todas las partes.
    Celebro la iniciativa de incorporar alternativas que permitan abordar adecuadamente la problemática de las adicciones y su íntima vinculación con el delito. Es evidente que hasta el momento, las acciones adoptadas han sido insuficientes al respecto.
    Además, entiendo que el cambio del rol del juez, a partir de un compromiso diferente frente al conflicto, se impone con urgencia. Máxime si los modelos que se pueden observar en el derecho comparado han dado buenos resultados. Deben ser contemplados a fin de considerar su posible adaptación a nuestros sistemas legales.
    Los Tribunales de Tratamiento de Drogas ayudan al justiciable y apuntan a reducir la recaída en el delito. Facilitan la adherencia a un tratamiento. Desplazan la adversarialidad para dar lugar a una fase componedora, en la que los operadores judiciales se presentan dispuestos a ayudar y acompañar el proceso terapéutico con sistema de estímulos frente a la evolución positiva del tratamiento.
    Además, persigue la finalidad de alejar al adicto del delito. El binomio adiccion-delito debe ser trabajado con responsabilidad por los operadores judiciales.
    Los TTD buscan evitar la recaída en el delito y de ese modo, reducir la cantidad de posibles nuevas víctimas.
    Configura una forma de prevención delictiva.
    Celebro la iniciativa e invito a los participantes de este foro a conocer en profundidad la temática.

    #15389

    Gustavo Plat
    Participante

    Hola, buenas  tardes, mi nombre es Gustavo Plat. Un placer compartir este ámbito con todos. Un desafío importante guarda relación con la efectiva instrumentación de este tipo de propuestas y la también efectiva posibilidad de proporcionar una alternativa solvente y adecuada para las problemáticas que emergen (no siempre similares) y con demandas dispersas territorialmente.  Saludos.

    #15392

    Maria Lujan Gimenez
    Participante

    Buenas tardes un saludo cordial a todos, mi nombre es Lujan y actualmente soy empleada en una Cet en la ciudad de Lujan
    Sin duda el tema es mas que interesante y la lectura será muy enriquecedora.
    Slds

    #15419

    manuel saponaro
    Participante

    Estimados:

    . Quisiera saber si se nos puede brindar información acerca de la estadística sobre la proporción con problemática de uso de sustancias en la población penal, su tasa de reincidencia y tipo de delitos relacionados.

    Ello con el fin de delimitar la población a la cual podría estar dirigida la presente temática.

    Hay que tener en cuenta que el universo que abordamos aquí es el de personas en conflicto con la ley con consumo de sustancias psicoactivas de tipo problemático. Es decir, diferenciar el conjunto de consumidores dentro del cual un porcentaje tiene uso problemático y dentro de este un porcentaje menor comete ilícitos. Ello en pos de no estigmatizar o vincular en forma directa el uso de sustancias psicoactivas, aun en su forma problemática, directamente con personas que cometen ilícitos.

    Creo que es de interés la experiencia de instituciones vinculas al tratamiento en salud del uso problemático de sustancias. En la actualidad, la medida de tratamiento forma parte en algunos casos de las resoluciones de los magistrados. Ello conllevo en el ámbito asistencial de la salud mental a una nueva demanda de atención con dificultades disimiles a la habitual. He difundido la presente iniciativa entre los profesionales del Centro Carlos Gardel (CABA) y del Hospital Nacional en Red (ex cenareso) para que participen y aporten su experiencia en este tipo de tratamientos; que creo que es de sumo interés.

    Por último, en cuanto a la delitología, creo que la salud mental puede aportar sobre las características de dicho consumo de sustancias en una persona en particular como aporte al magistrado a los fines de contribuir al conocimiento del caso. Es decir, poder aportar sobre aquellas personas que el uso problemático de sustancias constituyó una alteración en su personalidad y que secundariamente cometieron un ilícito, y que en las personas con una alteración en la personalidad previa pudo verse exacerbada por un consumo problemático y cometieron un delito, y aquellas personas que sin padecimiento cometieron un delito y presentan un consumo de sustancias sin ser este per se problemático.

     

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