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  • Autor
    Aportes
  • #12954

    Patricio Henderson
    Coordinador

    Estimadxs participantes:

    Espero que hayan iniciado este 2017 de la mejor manera posible, con renovadas energías para continuar aportando y enriqueciendo el trabajo que venimos haciendo desde 2016, cada uno desde su lugar, con el compromiso de contribuir a mejorar nuestro sistema penitenciario, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto, y de las reuniones presenciales.

    Asimismo, le damos una cordial bienvenida a los nuevxs integrantes del equipo.

    Nuestra propuesta para este año es dar un salto cualitativo, con una metodología de trabajo de gestión por resultados.

    Cada Responsable de Iniciativa dará el puntapié inicial presentando un DIAGNOSTICO de la temática, que servirá de base para la presentación de un PROYECTO, acompañado de METAS de gestión, medibles y realizables durante el año.

    En continuidad con 2016, María Victoria Alcoba será la Responsable de la Iniciativa de Promoción de las Reglas Mandela de Naciones Unidas.

    María Victoria es Coordinadora de Gestión Penitenciaria en la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

    Buen trabajo!

    Patricio Henderson

    Secretario Ejecutivo, Consejo Federal Penitenciario.

    Coordinador Equipo 2.3 del Eje Penal, “Ejecución Penal, Sistema Penitenciario y Cárceles”. Justicia 2020.

     

    #12964

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Hola a todos,

    Bienvenidos nuevamente a aquellos que nos acompañaron el año pasado y bienvenidos también quienes se suman ahora a nuestro equipo de trabajo.

    Durante 2016 este equipo debatió varias cuestiones en relación a las Reglas Mandela. Por un lado acordamos en la importancia que tiene el instrumento para contar con principios mínimos sobre condiciones generales de detención, que garanticen los Derechos Humanos de la población privada de la libertad. Por otro lado planteamos una perspectiva crítica de la idea de “tratamiento” que las Reglas mantienen. Y finalmente construimos en conjunto un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de las Reglas: Conversamos sobre las condiciones de encarcelamiento que prevalecen en nuestro país, detalladas en los informes de los organismos de control, y sobre las enormes dificultades que implica la labor de los agentes penitenciarios.

    Por otro lado, hemos conversado sobre la percepción social predominante acerca de las cárceles, de las personas privadas de la libertad y de los agentes penitenciarios. Hemos señalado que la cárcel suele ser noticia cuando las cosas salen mal, y nada se sabe sobre lo que se hace bien. La visión negativa que prevalece sobre los internos, favorece la indiferencia sobre sus condiciones de encarcelamiento. Más aún: existe una franja importante de la población que considera “justo” que quienes cometieron delitos vivan en condiciones indignas y de vulneración de derechos. Para corroborar esto, los invitamos a leer comentarios de lectores a las noticias sobre cárceles en la página web de cualquier diario. Como Estado tenemos la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones dignas de detención. Pero además de ello, queremos transmitir que desde nuestro punto de vista, mejorar las cárceles y las condiciones de vida de los detenidos es conveniente para todos. Estamos convencidos de que garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad mejora la seguridad pública: Si al momento del egreso, la persona cuenta con más y mejores recursos para desenvolverse en distintos ámbitos de la vida, se amplían sus posibilidades de elección de un proyecto de vida diferente al que lo condujo a prisión.

    Es por todo ello que este año proyectamos difundir las Reglas Mandela con el fin de sensibilizar a la población general sobre la problemática carcelaria, fortalecer las capacidades técnicas, humanas e institucionales para mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y brindar herramientas para acompañar los procesos de egreso de la población penal.

    Hemos previsto llevar adelante distintos tipos de actividades, como ser exposiciones, jornadas, congresos, seminarios, cursos para difundir y sensibilizar sobre los estándares internacionales para la gestión de los establecimientos penitenciarios y el cuidado de las personas privadas de libertad.

    Asimismo, considerando que las Reglas continúan bajo revisión y Argentina participa de ese proceso, se recibirán aportes para nutrir el debate internacional

     

    <u>Metas </u>

    • Realizar una publicación sobre las Reglas Mandela
    • Organizar siete jornadas de difusión para autoridades y funcionarios del sistema penitenciario (jueces, funcionarios del poder judicial, agentes penitenciarios)
    • Participar en tres eventos públicos dirigidos a la población general

    Durante 2016 hemos recibido aportes muy valiosos. Este año, además de querer conocer sus opiniones sobre el proyecto que estamos encarando, queremos pedirles especial participación en la identificación de las barreras que debemos afrontar para sensibilizar a la población general sobre estos temas y para que todos puedan comprender que cuando trabajamos por la integración social, trabajamos para la seguridad de todos.

    Esperamos sus comentarios y aportes!

     

    #12965

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Subimos en adjunto la planificación de trabajo de este año

    Archivos adjuntos:
    1. POA-Reglas-Mandela-2017.doc
    #12985

    sandra massimino
    Participante

    Hola Victoria,

    Excelente tu introducción.

    Me alegra tener la posibilidad de poder seguir participando en este cambio, tan necesario, del sistema penitenciario.

    Slds.

     

     

    #12997

    He leído algunos de los comentarios pero encantaría opinar de algo que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. En la realidad ningún derecho se respeta con temas de cárceles, ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales ni los principios de un ser muy respetado como Mandela y que nunca tuvo rencor y odio por nadie. Quiero decir que las personas que están cumpliendo prisión preventiva son los “militares” mayores a 60 años, sin respetar leyes internas de ir a domicilio por enfermedad y teniendo condiciones más que indignas ya que sufren tormentos y muertes ( Videla). Muchos de estos casos fueron puestos abajo de la alfombra por conveniencia. Les quiero informar que hay más de 3000 militares en todo el país, que no ven a sus familiares, que son trasladados desde Jujuy a Capital sin aire y muchas veces sin oxígeno, que muchos murieron por no tomar un simple vaso de agua, y son puestos en comisarìas sin comunicación por un fin de semano largo hasta tanto el juez de turno termine sus mini vacaciones. Las cárceles a domicilio es una carcel y no es un premio ya que si alguno de nosotros nos ponen en un departamento dos días sin salir, las consecuencias serían terribles. Los militares no peor tratados que los nazis ( ver cárceles de Alemania ) y peor tratados que los presos políticos de EEUU GUANTANAMO, y esto se ve como algo cruel , inhumano y cuando hay una mini posibilidad de salida, llega de emprevisto un “nieto ” de desaparecidos para crear un nuevo problema. Lo que quiero expresa acá que hay miles de seres humanos en Argentina sin ser respetados y tratados peor que un bicho de cocina. Los militares viven con cucarachas, sin baños y mucho menos sin atenció médica. Ya son más de 300 muertos en ambos gobiernos : Kirchner y Macri y nadie parece tratar de cambiar esta atrocidad. Aclaro que si supiera que una persona es presa política sin causas concretas y es de izquierda haría el mismo planteo. En principio como solucion enviaría un arsenal de médicos para evaluar la situación física de cada uno de ellos; luego mandaría un equipo de gente para crear ambientes sanos y limpios; luego haría un siguimiento de los familiares de los militares que solicitan un cambio a domicilio y que se lo concedan
    LOS DERECHOS HUMANOS SON DE TODOS, Y NO DE ALGUNOS
    LAS CÁRCELES SON PARA MENORES DE 60
    LAS CÁRCELES TIENEN COMO PRINCIPAL EJE LA RESOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD A UNA COMUNIDAD SANA Y BUENA.
    LOS MILITARES SON SERES HUMANOS Y MUCHOS DE LOS HOY CONDENADOS NO HA SIQUIERA PRESENCIADO DELITOS NI ESTADO EN UN AMBITO CARCELARIO: SE MURIERON MUCHOS EN CONDICIONES TERRIBLES DE TORTURAS. LA JUSTICIA NO ES OJO POR OJO , DIENTE POR DIENTE, SI VOLVEMOS A ESOS TIEMPOS , NADA DE NADA SIRVE Y MUCHO MENOS ESTE EJE DE DEBATE.
    Con todo respeto.
    Doctora Guadalupe Lo Cane.

     

     

    #13045

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Bienvenida nuevamente, Sandra.

    Esperamos poder enriquecer el trabajo realizado durante 2016 y contamos con los aportes de todos ustedes para eso

    #13046

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Estimada Guadalupe,

    Bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Si tuviste oportunidad de leer los debates del año pasado, habrás visto que somos conscientes de las falencias que aún tenemos por resolver sobre la cuestión carcelaria. Tenemos como desafío mejorar las condiciones en las que viven todos los detenidos, teniendo particular consideración sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad (embarazadas, adultos mayores, madres con niños, personas trans, personas con problemas de salud). En esta línea, nosotros no tenemos en cuenta el delito del que se los acusa. Nuestra responsabilidad es mejorar las condiciones de alojamiento de todos y garantizar un abordaje que permita su mejor integración social al momento de recuperar la libertad.

    Respecto de los problemas que mencionás sobre plazos de prisiones preventivas y sobre los arrestos domiciliarios, es preciso mencionar que el Poder Ejecutivo hace efectivo aquello que dicta el Poder Judicial. Nosotros como Ministerio no participamos de esas decisiones.

    Por otra parte, quisiera rescatar una de las ideas que compartiste, cristalizada en tu frase “los derechos humanos son de todos”. Y quiero rescatarla porque para nosotros todo lo que se aleje de esa idea es una trampa. Cuando alguien se queja de que algunos defendemos los derechos de los detenidos y se pregunta por qué tenemos en consideración los derechos de personas que no tuvieron en consideración los derechos de las víctimas, creemos que está planteando una dicotomía que es falaz. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas. La responsabilidad de cuidarnos a todos los que estamos afuera y a todos los que están dentro de las cárceles. Respecto de la población privada de libertad, el Estado tiene especial responsabilidad por la situación de sujeción en la que se encuentran. Siguiendo este razonamiento, nosotros creemos firmemente que garantizar que las personas privadas de la libertad accedan al trabajo, a la educación, a la asistencia sanitaria es conveniente para todos. Si egresan en mejores condiciones de las que ingresaron, hay menos posibilidades de que cometan nuevos delitos. Estamos convencidos de que trabajar por la integración social es trabajar por la seguridad de todos.

    Saludos a todos

    #13047

    Hola Victoria : muchas gracias por compartir mi idea. Pensé que iba a recibir una respuesta un poco más reacia a los derechos de los militares. Tengo casos de militares presos hace muchos años y sin condena. Entiendo que el Ministro Garavano no puede intervenir en las decisiones de los jueces pero creo que si puede como ministro sacar una resolución ante estos casos tan atípicos teniendo en cuenta que ya la Corte Interamericana ha intervenido y le ha pedido a la justicia actuar en consecuencia ante estos abusos de poder o autoridad. Un juez puede retrasarse un año o dos años pero hay militares que murieron sin ver a familiares, sin una atención médica adecuada a su dolencia. Algunos fueron puestos en domicilio pero ante el deterioro de su salud, no aguantaron más de dos años y se despidieron con mucha tristeza. Muchas gracias por la respuesta. Saludos y con todo respeto.-

    #13128

    La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un teniente coronel del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad, una decisión que sienta un nuevo antecedente jurisprudencial.

    Con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, HoracioRosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte dispuso el dictado de un nuevo pronunciamiento, por lo que Casación deberá volver a deliberar sobre la situación penal de Felipe JorgeAlespeiti, de 85 años, condenado a 22 años de prisión con sentencia no firme por crímenes cometidos durante la dictadura.

    #13129

    Quiero aclarar que la Cámara debe cumplir con este fallo en forma inmediata. No puede desobecer a la Corte y sus decisiones ya que son supremas.

     

    #13145

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Estimada Guadalupe,

    Gracias por acercar esta información al equipo.

    #13146

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Hola a todos.

    Como ustedes sabrán, las Reglas 75 y 76 establecen la necesidad de formación y capacitación continua del personal penitenciario y establecen los contenidos mínimos a ser impartidos. En este sentido, desde el Consejo Federal Penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, venimos colaborando con las provincias.

    Por ello queremos compartir con todos ustedes una actividad que hemos realizado este lunes en Río Gallegos:  Llevamos adelante una jornada de capacitación para agentes, en el marco del proceso de creación del Servicio Penitenciario Provincial de Santa Cruz.

    El CoFePe, con la colaboración del Servicio Penitenciario Federal y en articulación con la Secretaría de Seguridad y la Dirección Policial Penitenciaria Provincial del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz brindó una jornada de capacitación sobre “Gestión y Procedimientos Penitenciarios”, destinada al personal policial que trabaja con personas privadas de la libertad.

    La capacitación fue dictada por expertos del Servicio Penitenciario Federal y participaron más de 100 agentes provinciales. Se abordaron temáticas como Procedimientos de requisa, Traslado y custodia de detenidos, y Protocolos de intervención en situaciones especiales. El fortalecimiento de la formación y capacitación permanente de los agentes resulta uno de los ejes fundamentales para el correcto funcionamiento de los servicios y establecimientos penitenciarios y es una de las estrategias centrales de cooperación entre la Nación y las Provincias.

    Archivos adjuntos:
    1. FOTO-SANTA-CRUZ

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    2. FOTO-SANTA-CRUZ-2

      FOTO-SANTA-CRUZ-2.jpg

    #13315

    La Corte Suprema, por mayoría,  y la oposición de presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna, informó el diario judicial. En disidencia, además de  Lorenzetti   votó el juez Maqueda, ambos señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.  La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).
    Su texto es el siguiente:
    Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti
    Voto de los jueces Highton y Rosenkrantz
    En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban  conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.
    Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna  lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.
    Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse,  en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.
    A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.
    En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.
    Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.
     
    Voto del juez Rosatti
    En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.
    Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.
    Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado

    #13316

    Luego del chequeo y ratificación de información que continúa siendo recibida, la Unión de Promociones lamenta tener que confirmar con carácter retroactivo y expresa su más profundo pesar, por el fallecimiento de otro Preso Político, el Comisario (R) Onésimo MOLINA (Policía de la Provincia de San Juan), acaecido el día Viernes 14 de Abril del corriente año. El citado Oficial tenía al momento de su fallecimiento 77 años de edad y sufría gravísimos problemas de enfermedad. Pese a todo ello, el Juzgado Federal de San Juan N° 2, dispuso su encarcelamiento en el Penal de “Chimbas” (San Juan), en Marzo del año 2015. Posteriormente, ante el extremadamente delicado cuadro de salud que presentaba, fue enviado a Prisión Domiciliaria, lugar donde finalmente falleció. 
    Son 401 personas de edad avanzada y con enfermedades de la edad o de la vida, y siguen muriendo en situaciones deplorables de frío, miedo, stress, angustia, sin ser debidamente atendidos. Lamentable ! un juez de la corte suprema se enoja porque liberan a uno de ellos por haber cumplido todo lo reglado y soportado todas las condiciones de cárceles.

    #13332

    Victoria Alcoba
    Responsable de iniciativa

    Estimada Guadalupe

    Como siempre, agradecemos el aporte de información.

    Consideramos que este es un tema demasiado sensible para todos los argentinos. Si bien cada uno desde su lugar va a defender lo que considera justo y va a buscar lo mejor para sus seres queridos, este fallo ha generado muchas interpretaciones diferentes.

    Los delitos tienen víctimas y tienen victimarios. Consideramos que es preciso SIEMPRE respetar el dolor de las víctimas y de sus familiares. Aunque uno se posicione como defensor de los derechos de los detenidos, debe hacerlo de un modo que no ofenda la sensibilidad de quienes fueron sus víctimas. Esto lo tenemos presente y lo sentimos todos los que trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y propiciar la integración social para mejorar la seguridad de todos.

    De todos modos, el espíritu de esta iniciativa no es discutir sobre lo actuado por otros poderes del Estado, sino poner a disposición de todos ustedes lo que hacemos y lo que planeamos hacer, para recibir sus aportes y diseñar líneas de trabajo cada vez más adecuadas a los desafíos que nos tocan. En ese sentido, los invitamos a seguir participando.

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