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    Aportes
  • #11839

    Silvia Iglesias
    Participante

    Por otra parte aporto el mapeo de todas las buenas practicas para la seguridad de los datos personales COSO, ISO 27000 COBIT 4.q o superior (surge de los 37 procesos de esa version) y la Normativa de la Ley

    Archivos adjuntos:
    1. Mapeo-de-normas.pdf
    #11886

    Muchas gracias Silvia por este nuevo aporte, el que seguramente está siendo considerado por los integrantes de este Equipo de Trabajo. Esperamos todo otra colaboración, que sirva para enriquecer el debate.

    Orlando

    #11900

    Silvia Iglesias
    Participante

    Leyendo el resumen de prepuesta veo que aun no se incorpora una clara division en el tipo de datos. Por tal razón propongo que se defina que son los datos básicos.

     

    #11901

    Silvia Iglesias
    Participante

    Estimado Orlando, ademas de la propuesta de nuestra Comisión de Estudios en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA que presentamos en 2013 y volví a subir ahora como propuesta (esta en la pagina 2 de estos post) , le adjunto la nueva norma que saldra de IFAC (International Federation of Accountans) donde a nivel mundial se nos obligara a los Contadores a emitir opinion sobre cumplimientos legales, entre ellos el de Proteccion de Datos Personales (pag 12 y 13)

    #12197

    Matilde Martinez
    Participante

    Estimados,

    Con el propósito de realizar un aporte, envío en archivo adjunto mi opinión acerca de la posible reforma del art. 26 de la ley 25.326 sobre prestación de servicios de información crediticia.

    Saludos,

    Matilde Martínez

     

    Archivos adjuntos:
    1. DATOS-FINANCIEROS.docx
    #12213

    Maximiliano Marques
    Responsable de iniciativa

    En el marco de la rendición de cuentas en la plataforma justicia 2020, se adjunta la Planilla de definición de Proyecto correspondiente a esta linea. La misma incluye indicadores, productos y efectos logrados durante el 2016 y aquellos a ser definidos durante el 2017

    El mismo fue elaborado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

    Felicidades!!!!

     

    #12497

    Eduardo Bertoni
    Responsable de iniciativa

    La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, impulsó entre mayo y diciembre de 2016 un proceso de discusión abierta sobre la necesidad de una reforma a la Ley N° 25.326. Este proceso fue convocado dentro de este Programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y mediante esta plataforma digital o de manera directa recibimos numerosos comentarios y aportes. Todo este proceso de reflexión fue compilado de manera estructurada y por temas en el documento denominado “Ley de Protección de los Datos Personales en Argentina (Sugerencias y aportes recibidos en el proceso de reflexión sobre la necesidad de su reforma” que se hizo público hacia finales de diciembre último.

    Tal como se adelantó en las reuniones y se expresó en el documento señalado antes, teniendo en consideración los comentarios recibidos, los cambios en  el derecho comparado y la experiencia de gestión acumulada, la DNPDP ha elaborado un anteproyecto de reforma tanto de la Ley N° 25.326 –ley de Protección de los Datos Personales- como de la Ley N° 26.951,- por la que se creó el Registro Nacional “No Llame”.

    En esta oportunidad se impulsa un nuevo procedimiento de discusión, esperando recibir comentarios y sugerencias, ahora sobre el anteproyecto que ya se encuentra a disposición en esta plataforma (ver documento adjunto). Con el propósito de ordenar el debate, se recibirán propuestas siguiendo el siguiente cronograma:

    • Del 1° al 10 de febrero se recibirán comentarios y aportes del Capítulo I al IV inclusive;
    • del 11 al 17 de febrero, del Capítulo V al VIII inclusive;
    • y del 18 al 24 de febrero, de los Capítulos IX al XI.

    Agradecemos desde ya todos los aportes que se realicen, estando convencidos que la deliberación será positiva para el impulso de una nueva norma mediante la cual se dote a nuestro país con un régimen legal más moderno que respete los derechos y garantías establecidos por nuestra Constitución Nacional, y que, al mismo tiempo, se adapte a las nuevas tecnologías y a los cambios regulatorios ocurridos en el derecho comparado durante los últimos años.

    Eduardo Bertoni – Director (Dirección Nacional de Protección de Datos Personales)-

    • Esta respuesta fue modificada hace 2 años, 7 meses por  Eduardo Bertoni.
    Archivos adjuntos:
    1. Anteproyecto-de-ley-PDP.pdf
    #12525

    claudia viviana Teves
    Participante

    creo que la reforma debe ser actualizada a los tiempos que estamos viviendo.

    #12529

    Eduardo Bertoni
    Responsable de iniciativa

    Gracias Claudia. Justamente esa es la idea inspiradora de la reforma.

    #12531

    Bienvenida Claudia y esperamos contar con tus sugerencias, dentro del esquema y cronograma que propone el Director Eduardo Bertoni. Muchas gracias.

    Orlando Pulvirenti – Coordinador

    #12533

    Gabriel Stilman
    Participante

    Estimados,

    Es un gusto participar de este intercambio sobre el Anteproyecto de Ley PDP.

    Creo que es absolutamente central tener presente que en la realidad institucional de la Argentina de los últimos años la Ley 25.326 de PDP “constituyó la excepción más invocada por las autoridades del PEN para negar la entrega de información solicitada” (OYHANARTE, Marta y KANTOR, Mora; Corrupción y Transparencia – Informe 2014 – Capítulo VII – El derecho de acceso a la información pública en la Argentina. Un análisis de su situación normativa y su efectividad).

    Este debería ser, sino el punto de partida fundamental del debate, uno de los principales. Es un punto del que no podemos distraernos, porque el funcionamiento fáctico de la Ley 25.326 ha contribuido en medida importante a que se afectaran principios esenciales del sistema republicano y democrático, como ser el de publicidad de los actos de gobierno, posicionando al país en los últimos puestos en todos los rankings independientes sobre la materia, al menos en la comparación con naciones de similar desarrollo.

    Por eso es imperioso que la próxima Ley de Protección de Datos Personales afirme sin cortapisas el principio general de que la normativa sobre PDP no podrá ser invocada para denegar información pública, salvo excepciones determinadas, como ser los datos sensibles (excepciones que lamentablemente la recientemente sancionada Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública no se encargó de especificar).

    En lugar de ello, el Anteproyecto de PDP omite toda mención al derecho de acceso a la información pública. Incluso, sus arts. 11 sobre licitud del tratamiento y 22 sobre cesión, parecen limitar el derecho a buscar y circular información pública por el solo hecho de que contenga datos personales, ya que se exige “interés legítimo”, expresión justamente a la que el poder público ha recurrido sistemáticamente para retacear información pública. Más valioso sería que de una buena vez la ley clarificara que, tal como la Corte Suprema tuvo que explicar en CIPPEC c/ Estado Nacional, el derecho de acceso a la información pública representa, de por sí, un interés legítimo en cabeza de cada uno de los integrantes del cuerpo social.

    Una posible adición al texto del Anteproyecto para asegurar el respeto a este principio podría redactarse así:

    “Se entiende que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública constituye interés legítimo.

    Sobre la importantísima relación entre la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública, dejo a consideración mi artículo “Reflexiones sobre la posible reforma de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, a la luz de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública – Alertas para no retroceder” (https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/12/27/reflexiones-sobre-la-posible-reforma-de-la-ley-25-326-de-proteccion-de-datos-personales-a-la-luz-de-la-ley-27-275-de-acceso-a-la-informacion-publica-alertas-para-no-retroceder)

    Dejo transcriptos algunos párrafos:

    “La tarea de pensar una reforma a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales es mucho más de lo que parece a simple vista. Verdaderamente, es una tarea delicadísima. Porque esta norma, cuando se presta a interpretaciones radicales, tiene efectos potencialmente devastadores para el sistema democrático y republicano de gobierno. Mal empleada, y aún con las mejores intenciones por parte de sus intérpretes, puede fungir de extraordinario acicate para la proliferación de prácticas oscurantistas y corruptas de todo tipo que socavan el progreso moral y material de la sociedad”.

    “Resulta desconcertante por ejemplo que en fecha tan reciente como el 11.11.2015, un Dictamen de la DNPDP [1]  insista, ante un pedido de información sobre el sueldo de cinco (5) funcionarios de la Jefatura de Gabinete, que debería requerírsele al peticionante que invoque el interés legítimo en que sustenta su solicitud”.

    “… la redacción que finalmente quedó plasmada en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública dice esto:

    Art. 8. Excepciones. Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

    …..

    1. i) Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias.

    Como se advierte, en la literalidad del texto aprobado desapareció la mención que circunscribía la excepción a los datos personales sensibles (origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, salud, vida sexual). En su lugar, se habla genéricamente de “datos personales”. Aunque luego se agrega: “salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias”.

    Lamentablemente, estamos ante un craso error de técnica legislativa, que en nada contribuye a brindar las pautas claras que se necesitan.

    Es que una lectura apresurada del texto sancionado puede conducir a interpretar que no existiría obligación de brindar información pública por el solo hecho de que esta contenga datos personales, sin importar de qué tipo de datos se trate, y a que siempre que los contuviere, estos deberían ser tachados u ocultados de alguna manera.

    Semejante interpretación destruiría casi por completo el derecho de acceso que la ley quiere garantizar, ignoraría las obligaciones internacionales del Estado Argentino sobre el punto y, nuevamente, contrariaría las interpretaciones de la Corte Suprema y la CIDH sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública. Una vez más, sometería a los ciudadanos a peregrinar por las instancias judiciales a los efectos de que se haga efectivo su derecho. Y lo que es más absurdo aún, llevaría al resultado tragicómico de que la Ley 27.275 habría constituido un retroceso y no un avance respecto del Decreto 1172/2003 (ya que éste exceptúa de la obligación de informar sólo a los datos sensibles, y no a cualquier dato personal).”

    Saludos cordiales!

    [1] DNPDP N° 20/15, disponible online en: http://www.jus.gob.ar/media/3146376/d2015_20.pdf

    #12536

    Eduardo Bertoni
    Responsable de iniciativa

    Muchas gracias Gabriel por sus comentarios. La relación entre el acceso a la información pública y la protección a la privacidad es indudable. Sin embargo dado que la protección de la privacidad es una excepción (una más y no la única), en general las excepciones van en las leyes de acceso. Tu comentario es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que no se puede invocar excepciones de manera equivocada para impedir el derecho de acceso. Pero como es una excepción al acceso parecería equivocado tratarla en la ley de datos personales, aunque es opinable, por supuesto, y tendremos en cuenta tu opinión. Sobre el punto particular que señalás, lo invito a leer el dictámen de la PDP disponible en http://www.jus.gob.ar/media/3182094/d2016_1261733.pdf, donde advertirá que ya hemos fijado posición interpretativa, incluso de la normativa vigente, en dirección similar a la que Usted plantea.

    Gracias por sumarse al debate.

    #12537

    Buen dia. Mi nombre es Iván Virgilio soy abogado y trabajo en el Poder Judicial de Santa Fe, durante mucho tiempo trabaje el Juzgado Penal de Instrucción de Melincue y actualmente trabajo en el Ministerio Publico de la Acusación de Rosario.

    Es un gusto compartir este espacio con ustedes y espero sea muy fructífero para todos.

    Saludos.

    #12540

    Gabriel Stilman
    Participante

    Propuesta sobre el art. 3 del Anteproyecto en torno al Derecho de Acceso a Información Pública y la Libertad de Prensa

    Muchas gracias Dr. Bertoni por su respuesta y por el dictamen adjunto de fecha 8.9.16. Creo que es un dictamen de la máxima importancia, y más que bienvenido para la salud de nuestras instituciones, porque destaca con claridad que el derecho de acceso a información pública no puede coartarse esgrimiendo la PDP, al menos en principio. Esto en un todo de acuerdo con la CSJN y la CIDH entre otros tribunales superiores del mundo.

    Mi reflexión es que el hecho de que haya sido necesario emitir criterio administrativo ante una cuestión tan esencial es una prueba más de que es la Ley la que tiene pendiente explicitar la posición del dictamen, de modo que ningún Ministerio, organismo, etc. pueda razonablemente tener duda al respecto.

    Caso contrario, podría pensarse que una futura integración distinta de la DNPDP podría válidamente imponer un criterio opuesto al sostenido en su dictamen, regresando a un secretismo definitivamente incompatible con nuestro derecho constitucional y convencional.

    Inexplicablemente, el texto final de la Ley 27.275 no acogió la redacción que había propuesto vta. DNPDP (considerando lícito el acceso a datos personales “cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos”).

    En consecuencia, hoy la curiosa situación de nuestra pirámide jurídica es que el derecho de acceso a información personal que forma parte de la gestión pública está clara y positivamente reconocido en su cúspide (CSJN, CIDH), y también en su base (dictamen adjunto), pero no en el medio, es decir, en las leyes del Congreso.

    Una nueva ley de PDP debería saldar esta deuda de técnica legislativa, sobre una cuestión que está directa y significativamente relacionada a la materia. Así lo hace p. ej. la Ley 1845 de PDP de CABA, entre otras, aclarando que sus disposiciones no afectan el derecho de acceso a información pública.

    En el caso del Anteproyecto de LPDP, receptando la expresión usada por la CSJN en CIPPEC C/ E.N., se podría agregar como inciso 3 del art. 3:

    3. Ninguna disposición de la presente ley o sus reglamentaciones podrá ser invocada para obstaculizar el derecho de acceso a información personal que forma parte de la gestión pública, salvo que se configure una afectación relevante e injustificada a la intimidad, vida privada u honor del titular del dato a la luz de los principios de la normativa sobre derecho de acceso a la información pública.

    ….….

    En sentido similar a lo que sucede con el derecho de acceso a información pública, parece necesario también preservar en el texto la protección de la libertad de prensa. Es claro que este derecho fundamental no podría verse coartado por disposiciones de la LPDP.

    Es cierto que el art. 3 del Anteproyecto deja a salvo el “secreto de las fuentes de información periodísticas”. Sin embargo, el aseguramiento de la libertad de prensa exige ir más allá de proteger el secreto de las fuentes. Debería emplearse una expresión más abarcativa, como por ejemplo la de la Ley 1845 de CABA:

    “En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas”.

    Gracias nuevamente por la oportunidad brindada en este espacio!

    #12541

    Eduardo Bertoni
    Responsable de iniciativa

    Muchas gracias Sr. Stilman por seguir contribuyendo al debate. Sobre el primer punto, reitero la opinión que las excepciones al acceso a la información es mejor que se traten en la ley correspondiente. Tal vez su comentario pueda ser tenido en cuenta para la reglamentación de la novel legislación respectiva. A mayor abundamiento, nada empece que cuando exista alguna duda de interpretación de alguna de las excepciones previstas en la regulación sobre acceso, sea la autoridad correspondiente la que se encargue de despejarla. Así fue cómo se hizo el dictamen que usted elogia, cuestión que agradecemos.

    En relación con el segundo punto, agradecemos su comentario aunque adelantamos que el criterio al elaborar el anteproyecto fue seguir la letra de la CN. La protección de la base de datos que usted manifiesta la entendemos implícita si en ella se encuentran las fuentes periodísticas, que es lo que se ha querido proteger.

    Gracias de nuevo por su intervención.

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