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    Aportes
  • #12979

    Me parece buena idea tener un grupo de trabajo que releve los temas que surgen del debate y los coordine con los ejes propuestos por la DNDA y el texto actual de la ley y, a partir de allí, pueda generar un proceso de propuestas que termine en un borrador de proyecto (texto normativo y fundamentos) dentro de los plazos que la DNDA proponga.

    Tarea ardua… solo para valientes y voluntariosos!

    Abrazo

    Marcelo

    #12980

    Horacio Fernandez
    Participante

    Gustavo
    Coincido con Marcelo.
    un abrazo
    Horacio Fernandez Delpech
    (en la pagina figuro como Horacio Fernandez. te digo esto para que me ubiques)

    #12982

    Si Horacio, te tenemos perfectamente ubicado!

    Agrego a mi comentario anterior que cualquier eventual borrador debe evaluar articular los temas y aportes comentados en el foro, sino proponer la forma de reflejar en el proyecto todas aquellas aquellas obligaciones que surgen de los tratados internacionales adheridos por Argentina y que aún no han sido debidamente reflejados en nuestra normativa local, articular el texto de la nueva ley con el Código Civil y Comercial, y considerar cuáles serían las normas complementarias a la ley 11.723 que debieran modificarse o derogarse en virtud de la nueva norma.

    Un trabajo nada simple, digamos…

    Abrazo,

    Marcelo

    #12983

    Pablo Palazzi
    Participante

    Creo que en una ley de reforma seria importante lo siguiente:

    – mejorar la estructura actual y darle mas orden a la ley

    – incorporar los temas tecnologicos ausentes

    – volcar las obligaciones internacionales de los Tratados aprobados por Argentina.

    Coincido 100% con Marcelo y sus propuestas.

    Pablo Palazzi

     

     

     

    #13009

    Federico Vibes
    Participante

    Me parece una muy buena iniciativa Gustavo

    #13010

    Estimado Gustavo y colegas participantes:

    Me parece muy importante esta posibilidad de compartir propuestas entorno a la temática planteada,  desde ya me siento agradecido por el espacio. A continuación ofrezco mi opinión respecto a los interrogantes:

    1. ¿Considera que la Ley 11.723 requiere actualización?

      Particularmente pienso que el paso del tiempo indefectiblemente genera la necesidad de cambios en los procesos normativos, sobre todo en áreas en constante desarrollo como el derecho autoral. La cuestión que plantean los colegas relacionada con la extensión de la reforma no debe ser, en mi opinión personal, un límite para no avanzar en los aspectos que deben morigerarse.

    2. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que percibe en el funcionamiento del sistema de derecho de autor?

      El principal problema creo que es incluso una cuestión lógica. La querida ley 11723 continúa siendo en muchas instituciones jurídicas pionera, pero el devenir de las tecnologías de la comunicación y la información produjeron un cambio de paradigma. Otro punto que noto necesario observar son las normas necesarias para facilitar la observancia del derecho, sobre todo en jurisdicciones como en la que me desempeño (Ciudad de Santa Fe y Paraná) donde la realidad jurídico-procesal es muy diferente a la experimentada en CABA. Como para ejemplificar: cuestiones relacionadas a las medidas preliminares para asegurar actividad probatoria en las cuales surgen cuestiones de competencia o de interpretación procesal que en muchos casos ponen en tela de juicio el aseguramiento del derecho. En la mayor parte de los casos por desconocimiento de nuestra hermosa rama del derecho por parte de los operadores judiciales. Lo que nos obliga a tener que trabajar el doble y muchas veces en arenas movedizas para defender el derecho de autor. (Esto último lo digo con el mayor de los respetos). Pienso que algún día se podrían tener fueros especializados en propiedad intelectual, pero lo veo muy lejano, especialmente en mi Provincia. También creo que deben observarse las contradicciones relativas al registro y a la suspensión del derecho de autor, lo que felizmente ya fue superado por la actividad jurisprudencial, pero no deja de ser una denominación impropia si se la coteja con el principio de declarativo.

    3. En caso de una eventual puesta al día, ¿cuáles serían los principales elementos, aspectos o capítulos a tener en cuenta?

      ENTORNO DIGITAL: absolutamente necesario en estos tiempos. Uno de los grandes deficientes que tiene nuestra legislación. Incluso para lograr que todas las entidades de gestión puedan administrar derechos en internet, cosa que al día de la fecha no se encuentra resuelta.

      PROFUNDIZACIÓN DEL DERECHO MORAL: En el caso puntual, me imagino una disposición que consagre el carácter de orden público que deben tener las relaciones personales e intelectuales que tiene el creador con su obra. Esto sumado a una sistematización más clara de las facultades para ordenar pj. los arts. 51 y 52. Considero la cuestión del derecho moral un tema FUNDAMENTAL.

      GESTIÓN COLECTIVA: Un tema que debe abordarse ya que los derechos de autor y derechos conexos son fundamentalmente derechos individuales de ejercicio colectivo, como dicen los maestros. Justamente pensando en la necesidad de tener una ley de gestión colectiva para ordenar la evolución histórica que la misma tuvo en nuestro País. La inclusión en la misma ley autoral avanzaría respecto a la lucha que acontecen las manifestaciones de gestión colectiva que aún no tienen instrumentos legales propios. Más aun, esta herramienta puede servir para transparentar el funcionamiento de las entidades y complementar sus beneficios. Sobre todo por lo experimentado y efectivo que es nuestro País en estos temas si se lo compara con naciones donde el desarrollo de la administración colectiva de derechos es prácticamente nulo.

      ACTUALIZACIÓN DEL TEMA REGISTRAL. Sobre todo para permitir un desarrollo más extenso del registro digital que tan necesario era y que felizmente ya lo tenemos entre nosotros. En esta cuestión me surge una ambiciosa inquietud que podría ser la interconexión del registro de la DNDA con los sistemas de declaración de las entidades de gestión. Esto podría solucionar algunos inconvenientes como pj. en el ámbito musical, cuando se registran obras integrales y luego, ante un conflicto, se hace dificultoso saber si una obra puntual que integra ese conjunto se encuentra en el sistema o no. Todo hablando de registros previos a este debate.

      LIMITACIONES Y EXCEPCIONES. En este aspecto también se deben incorporar los nuevos acuerdos internacionales. Incluso personalmente pienso que este tema es una piedra angular para refutar el argumento de la desprotección que algunos sectores pregonan.

    INCORPORACIÓN DE NUEVOS DERECHOS. Como puede ser el caso del derecho de participación en el caso patrimonial, o de retracto en el caso moral, para citar algunos ejemplos.

    EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO AUCTORE. Aprovechando que nuestra rama jurídica tiene un indiscutible carácter protectorio, la legislación debe profundizar este aspecto acoplando las evolución de los sistemas de contratación y las nuevas formas de negociación de derechos.

    DERECHOS CONEXOS: Creo que un par de artículos, como tiene el actual sistema, no son suficientes, especialmente en el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes. Obviamente sin generar un indebido colapso de intereses. Se pueden delimitar de forma más clara las fronteras mejorando los vínculos intersubjetivos entre los derechos de autor y los derechos conexos.

    PROFUNDIZAR LA IMPRONTA FEDERAL. Aquí pienso en la fuerte impronta federal que está teniendo la renovación de los registros y el trabajo que está llevando adelante la dirección. El registro digital es un enorme paso en este tema. Cabe recordar que la ley desde ya había dado un gran paso si se la compara con leyes posteriores en materia de propiedad industrial que concentraron la cuestión de una forma literalmente “unitaria”. Todo lo que signifique mejorar la participación y el beneficio para las Provincias impulsaría el trabajo de los autores y titulares de derechos conexos en todo el territorio nacional .

    4. ¿Qué elementos de la actual Ley 11.723 no deberían ser cambiados?

    Las cuestiones fundamentales que hacen al carácter protectorio en favor del autor y el cumulo de principios contractuales que caracterizan al derecho de autor por encima de otras ramas jurídicas deben prevalecer en una eventual reforma. La materia relativa al derecho moral y su extensión. La eficacia que el texto tiene aun después del paso del tiempo debe también profundizarse. Considero que en estos términos se pueden replantear temas existentes e incorporar nuevas propuestas de situaciones que no fueron tenidas en cuenta por la actual norma.

    Desde ya muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y quedo a disposición para lo que pueda aportar desde la Provincia Invencible de Santa Fe.

    Rodrigo J. Gozalbez.

    #13028

    Muchas gracias Rodrigo por tus aportes y a todos por el enriquecedor debate que se está desarrollando bajo este hilo conductor.

    Orlando Pulvirenti

    Coordinador

    #13029

    Acompaño un trabajo presentado en el año 2012 en la materia Derechos editoriales y del Autor de la Carrera de Edición, Facultad de Filosofía y Letras en el que propusimos una modificación a la ley 11.723 que además de la instauración de un proceso tendiente a la obtención de la autorización de los herederos o derechohabientes, incluía una nueva redacción de los arts. 79, 80, 81 y 82. Esa monografía fue adaptada para su publicación en el sitio http://www.societario.com

    M. Carmen De Cucco Alconada

    abogada y editora

     

     

    #13042

    Gustavo Schötz
    Responsable de iniciativa

    Bienvenidos Rodrigo y Carmen. Buenos puntos para pensar cara a la actualización de la Ley 11723. Respecto del asunto que presenta Carmen, el sistema digital de registro y una base de datos consolidada debería interactuar con la información que presenta el Registro Nacional de las Personas, para saber qué autores han fallecido y en qué fecha, y así también contar con claridad de información respecto de las obras que han caído en dominio público. A su vez, permitiría interactuar con las oficinas de procesos universales, lo que nos habilitaría a informar a los jueces de los sucesorios respecto de las obras que constituyen el patrimonio del causante, ya sea depositadas como inéditas o registradas como publicadas. Tanto si son de autor único como si hubiera coautores.

    #13060

    Beatriz Busaniche
    Participante

    Estimados, antes que nada quisiera agradecer la posibilidad abierta por la DNDA para dar un debate largamente necesario y en el que todos tenemos la oportunidad de aprender de los aportes colectivos. Es un placer leerlos! Antes de avanzar con las preguntas disparadoras de este debate quisiera advertir que una potencial reforma de la ley de propiedad intelectual involucra al menos dos aspectos clave en los que es indispensable realizar investigación sólida previa. Un aspecto tiene que ver con el análisis económico de los derechos de propiedad intelectual aquí tratados, ya que se trata de regulaciones específicas de ese campo y es menester operar con un análisis sólido y riguroso del impacto y conveniencia de cada una de las modificaciones que se puedan efectuar, incluyendo un análisis económico del actual funcionamiento del sistema vigente. El otro aspecto que es menester evaluar es el impacto en materia de Derechos Humanos. El Comentario General Nro. 17 del PIDESC (sobre los alcances y aplicación del art. 15 inciso c ) especifica que se debe evaluar el impacto en el ejercicio de los demás derechos reconocidos en el Pacto (y en consecuencia en la CN) antes de realizar modificaciones sobre los regímenes de propiedad intelectual, dado el enorme impacto que esta tiene en el pleno ejercicio de derechos fundamentales. Dicho esto, voy a las preguntas brevemente, aunque con respuestas ciertamente muy generales.  Seguramente con el correr de los debates podremos aportar sobre aspectos más detallados del proyecto de ley específicamente.

    • ¿Considera que la Ley 11.723 requiere actualización?

      Si, es importante actualizar la norma y mejorarla, especialmente llegó la hora de dotarla de una perspectiva que incluya a todas las partes interesadas en las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual.

    • ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que percibe en el funcionamiento del sistema de derecho de autor?

      Existen diversos inconvenientes, aunque el principal es el magro reconocimiento de todas las partes interesadas en la propiedad intelectual. El sistema vigente deja de lado el pleno ejercicio de derechos fundamentales de la comunidad en general, pero especialmente de la comunidad académica, estudiantil, las personas con diversos tipos de discapacidades, las bibliotecas, archivos y otros centros de acceso a conocimiento y cultura. El sistema vigente además deja en una situación de desprotección a aquellos que acceden a la cultura de manera no autorizada pero sin fin de lucro alguno. La norma vigente peca de exceso de punitivismo, especialmente considerando los artículos 71, 72 y 72 bis. Especialmente el artículo 71 es demasiado general y deja en situación de ilegalidad a la gran mayoría de las personas que alguna vez han realizado una copia no autorizada de bienes regulados por propiedad intelectual. La apelación al sistema penal debería estar acotada al mínimo indispensable y sólo bajo la prueba fehaciente de daño por parte del denunciante.

    • En caso de una eventual puesta al día, ¿cuáles serían los principales elementos, aspectos o capítulos a tener en cuenta?
    1. La despenalización del sistema de propiedad intelectual, bajo el supuesto de que sólo debería ser considerada delictiva una conducta que efectivamente cause daño probado. Cualquier otra cuestión debería dirimirse en el fuero civil y comercial, sin poner en riesgo la libertad de las personas.
    2. El respeto por el marco constitucional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La integración de todas las partes interesadas en la formulación de políticas públicas de incentivo a la creación cultural y la innovación en el campo de las industrias culturales. La definición de una política pública que incluya evaluaciones periódicas independientes y rigurosas del efecto de las modificaciones de la propiedad intelectual en la sociedad. La propiedad intelectual es una creación social y tiene un fin social, por lo que debe necesariamente ser evaluada regularmente para analizar impactos positivos y negativos de las políticas adoptadas.
    3. Un análisis profundo e independiente de las entidades de gestión colectiva, su funcionamiento, auditoría, transparencia. Es fundamental que estas organizaciones cumplan con su rol de representar los intereses de los autores de manera transparente y amplia, incluyendo la posibilidad de libre asociación y libre representación de los autores involucrados con fuerte control público.
    4. El objetivo de los derechos de autores e inventores reconocido en el Art. 15 inciso c) del PIDESC es garantizar niveles de vida dignos, suficientes incentivos para la creatividad y el desarrollo científico y plena libertad de trabajo bajo las condiciones establecidas en el Pacto. Se debe construir un sistema regulatorio que vele por este objetivo de manera primaria en pleno cumplimiento de los demás derechos reconocidos en el pacto y en la CN.
    • ¿Qué elementos de la actual Ley 11.723 no deberían ser cambiados?

    No tengo posición clara sobre esto, la ley tiene una lógica interna que sigue funcionando pese a que ha sido modificada a lo largo de los años. Sin embargo, si se cumple alguno de los objetivos que proponemos, la ley debería ser necesariamente reestructurada para el pleno cumplimiento de los objetivos sociales de la propiedad intelectual.

    #13069

    Ana Sanllorenti
    Participante

    Hola a todxs,

    Soy Ana Sanllorenti, bibliotecaria e integrante de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina.

    Les hago llegar la visión de los bibliotecarios, quienes en nuestra tarea de preservar el conocimiento registrado, difundirlo y dar acceso a los integrantes de la sociedad en forma igualitaria, hallamos frecuentes obstáculos para cumplir nuestra misión por la inexistencia de excepciones en la legislación argentina de derecho de autor, en favor de las bibliotecas.

    Anexo la última versión del proyecto de ley que elaboramos a tal fin. Versiones anteriores fueron presentadas en el Honorable Congreso de la Nación. También Anexo una síntesis de los fundamentos.

    Ambos documentos expresan la postura de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina respecto de la legislación de derecho de autor en relación con las bibliotecas.

    Es nuestro primer aporte en este debate.

    Saludos cordiales

    Ana Sanllorenti

    #13155

    Federico Reggiani
    Participante

    Estimados:

    Mi nombre es Federico Reggiani, soy bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (aunque, huelga decirlo, mi opinión es estrictamente personal).

    Celebro este espacio de debate al que me sumo. Leí todos los aportes y encontré con agrado un consenso, más o menos explícito según los casos, pero presente siempre, en la necesidad de modificar un tema que para las bibliotecas y centros de información es crítico: la flexibilidad de los sistemas de protección. Sin excepciones, las bibliotecas (y prácticamente todos sus usuarios) son empujados a la ilegalidad.

    Como recordaron Beatriz Busaniche y Ana Sanllorenti en particular, hace años que los bibliotecarios trabajamos para una modificación de la ley en ese sentido. Quizás haya llegado el momento.

    Otro tema de debate (en el que, intuyo, habrá un consenso menor) es de las entidades de gestión de derechos. Aquí me temo que veo menos consenso, pero en cualquier caso es imprescindible asegurar su transparencia y, sobre todo, que no impidan el efectivo funcionamiento de las excepciones necesarias.

     

    #13156

    lucia pelaya
    Participante

    Estimados, frente a la oportunidad que se nos presenta para debatir sobre la actualización de la Ley 11.723, es necesario reconocer que es imperativo incluir en su texto elementos que garanticen el derecho de acceso a la información.

    En las Bibliotecas entran en colisión dos derechos: el derecho de autor y el derecho de acceso a la información. La única solución posible es el balance entre ambos.

    Las bibliotecas son garantes del derecho al acceso a la información por parte de la comunidad a la cual prestan servicio. Estas instituciones ofrecen el acceso a sus colecciones a todos los ciudadanos, sin importar edad, etnia, credo, género o posición. A su vez, el bibliotecario tiene como misión fundamental e irrenunciable satisfacer las necesidades de información del usuario.

    La legislación sobre derecho de autor incide en muchos de los procesos que realizan las bibliotecas: afecta los servicios que se proporcionan al usuario, las condiciones en que se debe brindar ese acceso y el modo en que las bibliotecas pueden actuar en relación a las actividades de conservación y preservación.

    Para las bibliotecas es fundamental contar con excepciones y limitaciones que les permitan realizar copias de preservación y reemplazo de obras deterioradas, incorporar copias de obras agotadas, es decir, fuera del circuito comercial, realizar copias parciales de libros y completas de artículos de publicaciones periódicas, hacer copias de refresco, migración o cambio de formato de colecciones digitales para hacer frente a los cambios tecnológicos y digitalizar obras para consulta en sala, entre otras cosas.

    Las bibliotecas contribuyen al crecimiento de la nación brindando acceso a la información de forma gratuita y formando redes de cooperación entre otras bibliotecas, con el fin de cubrir las necesidades de información de sus usuarios.

    Si se habilitan estas excepciones se generaría un cambio hacia una nueva asignación de los recursos, en la cual, se mejora la situación de alguien -la sociedad- sin hacer que empeore la situación de los demás -los titulares del derecho- (Eficiencia Pareto superior).

    Es fundamental comprender que el costo social de proteger la propiedad intelectual no debe ser mayor que el beneficio que obtiene la sociedad a partir de dicha protección, el alcance de la legislación de derecho de autor, desde la economía, sólo puede explicarse como un medio para promover eficientemente la asignación de los recursos.

    Al proteger la propiedad intelectual, se busca fomentar la generación de nuevos conocimientos mediante el otorgamiento de incentivos y la concesión de monopolios legales por el tiempo que estipule la ley, pero al mismo tiempo se debe regular que sus beneficios lleguen a la sociedad para que ésta se desarrolle. Así los titulares del derecho y a su vez los lectores y usuarios de las obras se beneficiarán. Si la protección por derecho de autor resulta demasiado excluyente y desbalanceada a favor de los titulares del derecho de autor se produce una brecha peligrosa entre los que disponen de información y quienes no disponen de ella.

    Asimismo, las excepciones y limitaciones a favor de las bibliotecas no deberían estar sujetas al pago que pretenden las sociedades de gestión colectiva de derechos reprográficos ya que se trata de instituciones que brindan un servicio público y que, en el desarrollo de sus colecciones, ya han efectuado el pago por la compra de los materiales bibliográficos.

    Es imperativo establecer excepciones y limitaciones, es necesario un sistema de derechos de autor flexible, que permita incorporar y mejorar las condiciones para la difusión e intercambio de información y proteja a las bibliotecas como instituciones esenciales en ese contexto.

    La esencia de la legislación de propiedad intelectual debe ser recuperada, ya que no sólo los derechos de exclusiva generan progreso, sino el balance entre los derechos y el dominio público.

     

    Lucía Pelaya. Mg. en Propiedad Intelectual (FLACSO)

    Lic. en Bibliotecología y Documentación

    Presidenta de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Acceso a la Información – ABGRA

     

     

     

    #13189

    Gustavo Schötz
    Responsable de iniciativa

    Bienvenidos Beatriz, Ana, Federico y Lucía. Efectivamente, entendemos que es necesario adecuar el sistema de limitaciones y excepciones. De hecho, el año pasado trabajamos intensamente en el asunto y tal vez sea uno de los aspectos que tenemos mayor claridad de objetivos. Algunos de ustedes participaron de las reuniones y están al tanto de los avances. Veremos cómo se pueden escuchar los intereses de todas las partes y proponer una solución que logre ciertos equilibrios, aunque seguramente no sea al gusto de todos.

    #13213

    Beatriz Busaniche
    Participante

    Estimados, en el día mundial de la propiedad intelectual aprovecho para saludar a todos los que trabajan en el campo y compartir esta declaración emitida por organizaciones sociales de toda América.

    <b>Sociedad CIvil sobre el Día Mundial de la Propiedad Intelectual</b>

    Somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil de las Américas que trabajan en defensa del interés público para garantizar que los derechos de autor y la propiedad intelectual existan para servir a su fin: la promoción del progreso, el aprendizaje y la investigación.

    Hoy, 26 de abril, en vez de celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, manifestamos preocupación por el futuro de los derechos de autor y la propiedad intelectual en nuestro continente. En toda la región vemos propuestas extremistas de modificación de derechos de autor y la propiedad intelectual, que perjudican a la mayoría de las personas en beneficio de un puñado de titulares de derechos.

    En América del Norte, el Mercosur y los países del Pacífico, acuerdos de libre comercio como el NAFTA o el proyectado TLC UE-Mercosur se han convertido en vehículos para la reforma de los derechos de autor, centrándose sólo en aspectos relacionados con el comercio, pero no más ampliamente abordando los derechos humanos involucrados en el tratamiento de la propiedad intelectual. Nos preocupa además la magra transparencia de las negociaciones y la falta de participación de la sociedad civil en estos procesos.

    En Argentina, Ecuador, y los Estados Unidos, los respectivos gobiernos nacionales trabajan en propuestas de modificación de la legislación de derechos de autor, o en el proceso regulatorio de las leyes de derechos de autor, que hacen caso omiso de la voz de los consumidores y el interés público. En Argentina, por ejemplo, el documento disparador del debate publicado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor se destaca por una visión punitivista y extremista de la regulación, orientada hacia la creación de nuevos y más amplios tipos penales en materia de propiedad intelectual.

    En Brasil, el poder legislativo examina diferentes proyectos de ley que tratan el bloqueo de sitios web y aplicaciones. Estos proyectos representan un verdadero ataque a la libertad de las personas en el entorno digital, buscando establecer hipótesis legales para el bloqueo de sitios o aplicaciones. El proyecto de ley PL 5402/16, en discusión en la Comisión Especial de Derechos de Autor, busca requerir a los proveedores de Internet en Brasil bloquear el acceso a sitios web y aplicaciones que están “preponderadamente dirigidos al suministro o distribución de contenido contrario a los derechos de autor.” Estas propuestas son ineficaces y desproporcionadas, violan la libertad de comunicación e impiden el acceso a los contenidos de Internet. Estos proyectos vulneran derechos como la libertad de expresión y el acceso a los contenidos legítimos y la neutralidad de la red.

    En Ecuador, el gobierno ha abusado de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para censurar contenido político que le resultase incómodo. Además, el recientemente aprobado Código Ingenios, permite a la agencia estatal de propiedad intelectual bloquear sitios web por posibles infracciones de propiedad intelectual.

    En Colombia, el TLC suscrito con EEUU es la excusa para una agenda de reforma legislativa que insiste en incrementar los derechos de los titulares sin revisar y actualizar los derechos de la sociedad y de las personas que se verán afectadas por una visión extremista del derecho de autor.

    En las Américas se sigue usando el derecho penal no como <i>ultima ratio </i>para la defensa del derecho de autor, sino como amenaza para exigirla a capa y espada. En Colombia, se procesa a Diego Gómez por violación al derecho de autor. Cuando era estudiante de biología encontró en un grupo de Facebook cerrado una tesis de maestría elaborada en la principal universidad pública sobre un tema de biodiversidad que le interesaba a su grupo de investigación. Para facilitar el acceso de sus compañeros a ese texto –que circulaba ya en la red–, lo subió a Scribd para, desde allí, compartir el enlace con otras personas. Por esta acción, está acusado de violar el derecho de autor y enfrenta un juicio que le puede significar una condena de hasta 8 años de cárcel y multa millonaria.  En Argentina, el caso de María Kodama – viuda de Borges – contra Pablo Katchadjian por la publicación de una obra derivada de El Aleph es otro caso emblemático de uso abusivo de la propiedad intelectual contra la creatividad y la cultura.

    Con este tipo de juicios se desvirtúa el uso del derecho penal para castigar una acción que es práctica corriente entre estudiantes y científicos en el mundo, que no tiene ánimo de lucro, no genera daño alguno a los titulares de derechos, y no puede equipararse con la el negocio de la copia ilegal a escala industrial.

    En materia de reforma al derecho de autor, en cambio, se debería debatir cómo fortalecer la libertad de expresión a través de excepciones y limitaciones, u otros contrapesos legales, que resguarden, entre otros, el derecho a la sátira y la parodia, el acceso al conocimiento de las bibliotecas que se ven impedidas de alegar “agotamiento del derecho” para el préstamo público que hacen de sus catálogos. En la misma línea, debería discutirse públicamente con la sociedad la necesidad de una cláusula flexible estilo “fair use” como la que tiene Estados Unidos.

    El derecho de autor se está usando no para perseguir a las grandes mafias de ‘piratería’ que han servido para justificar las reformas más punitivas, sino para castigar acciones corrientes y necesarias para el avance de la ciencia, la circulación de conocimiento y el desarrollo de nuestras sociedades.

    Finalmente, por todas las Américas vemos los efectos nocivos de que los intermediarios de Internet, que facilitan la circulación de contenidos (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera), estén sujetos a la DMCA, pensada para fines domésticos de EEUU, en lo relacionado con procedimientos de “notificación y retiro/bajada”. Vemos el brazo largo de este procedimiento creado por y para la industria del entretenimiento del siglo pasado. Los intermediarios, obligados por la DMCA, están retirando contenidos y, más grave aún, cuentas de usuarios de estos servicios usando ese procedimiento expedito en un idioma que las personas no conocen, con información que no pueden encontrar y de acuerdo con una norma que ha sido extensamente acusada de no respetar el debido proceso.

    La aplicación de la DMCA a lo largo y ancho de las Américas sirve para reforzar la idea de que solo pueden circular contenidos con la autorización previa y expresa del autor, ignorando que existen usos justos autorizados en esa jurisdicción (incluso en ocasiones más amplios que los de otros países) que las personas deben poder reclamar.

    Estas tendencias nos preocupan.

    Creemos que el futuro de nuestras sociedades y economías depende de que las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor sean reformadas de una manera socialmente justa. Por eso, presentamos una serie de principios para la reforma de los derechos de autor en las Américas.

    Creemos que una agenda de derechos de autor, social y económicamente justa para las Américas debe:

    <b>Proteger la innovación:</b> Los poderes concedidos a los autores no deben obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas usuarias y otros innovadores, ya sea si la innovación pasa por la creación de nuevas obras, o  de nuevas maneras de acceder a obras existentes. El fomento de la innovación tecnológica y la garantía de los derechos de los consumidores van codo a codo. En el escenario tecnológico actual se ha erosionado la distinción entre creadores y consumidores de cultura. El acceso expedito a contenidos asegura que los usuarios en las Américas puedan convertirse en los creadores del futuro.

    <i>En este sentido, es fundamental que los gobiernos de las Américas se comprometan a garantizar que el derecho de uso justo pueda ser ejercido bajo nuevos sistemas tecnológicos y no esté limitado por las interpretaciones restrictivas de la ley.</i>

    <b>Preservar un acceso justo a la tecnología y la libertad en internet:</b> Asegurar que la economía de la información genere beneficios reales para las personas requiere de políticas públicas que promuevan mercados realmente competitivos y abiertos, y eviten que grupos de poder privados creen trabas artificiales a la adopción de nuevas tecnologías y la innovación Los derechos de autor debe, sobre todo, garantizar la libre circulación de la libertad de ideas, conocimientos y contenidos en internet.

    <i>Los gobiernos de las Américas deben oponerse a que las tecnologías de información y comunicación sean utilizadas para filtrar contenido o restringir la libertad de expresión, y a que los intermediarios de internet sean obligados a censurar o patrullar sus redes en nombre de terceros. </i>

    <i>Además, los gobiernos de las Américas deben permitir y alentar que estudiantes, investigadores, bibliotecas, e instituciones educativas aprovechen al máximo las flexibilidades del derecho de autor, independientemente de las tecnologías utilizadas, y deben luchar contra las restricciones adicionales dirigidas específicamente a estas instituciones.</i>

    <b>Promover la justicia social</b>: Los derechos de autor no deben servir únicamente para la protección de los intereses de las industrias. Los derechos de autor deben garantizar la promoción de la libertad de expresión, el acceso a la cultura  y la innovación en todo el mundo.

    <i>Los gobiernos de las Américas deben promover la adopción de regulaciones de derechos de autor que velen en forma paralela por los derechos de acceso y participación en la ciencia y la cultura en sus jurisdicciones y el resto del mundo, y reconocer la importancia de preservar una internet abierta y sin filtros.  </i>

    <i>Deben también velar porque el licenciamiento que se le de a las producciones intelectuales dentro de las universidades que reciben fondos públicos sean de utilidad colectiva, ya sea por un uso libre por la colectividad o por el retorno de beneficios a la comunidad que le dio origen.</i>

    <i>Además, deben apoyar la adopción de estándares internacionales mínimos para las limitaciones y excepciones al derecho de autor, y oponerse a los esfuerzos para crear nuevos derechos de propiedad en la transferencia de información que puedan entorpecer la libre circulación de la cultura y el conocimiento.</i>

    <i>Finalmente, los gobiernos de las Américas deben comprometerse con el respeto y fortalecimiento del dominio público. El derecho patrimonial de autor es en principio temporal, un derecho de explotación exclusivo que prescribe. Es una excepción que concede privilegios de explotación comercial de las obras al autor antes de que pasen al dominio público, donde cumplen su fin social y potencian el desarrollo cultural, económico y científico. </i>

    Nos preocupa el futuro de los derechos de autor en las Américas. Llamamos a todas las partes interesadas a participar en debates sobre la reforma de derechos de autor, para garantizar que promueve el progreso y la justicia, el pleno cumplimiento de los compromisos de nuestros Estados con los Derechos Humanos y no la concentración de la riqueza y el poder en cada vez menos manos.

    Los firmantes,

    <i>Fundación Karisma</i>

    <i>Fundación Vía Libre </i>

    <i>Public Knowledge</i>

    <i>Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social</i>

    <i>Derechos Digitales</i>

    <i>TEDIC – Paraguay</i>

    <i>Centro Latinoamericano de Investigaciones Sobre Internet – Venezuela</i>

    <i>IPANDETEC – Panamá</i>

    <i>R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales</i>

    <i>Usuarios Digitales – Ecuador</i>

    <i>Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital</i>

    <i>APC – Asociación para el Progreso de Las Comunicaciones</i>

Viendo 15 publicaciones - del 16 al 30 (de un total de 99)
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El debate ‘Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual’ está cerrado y no admite más respuestas.